El Gobierno rompe la hucha de emergencias para lo que no toca. Desde el inicio de la Guerra de Ucrania y con el despegue de la carrera armamentística, el Ejecutivo ha gastado más de 5.400 millones de los fondos de contingencia para pagar misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Esta herramienta presupuestaria, pensada para afrontar situaciones inesperadas –como la catástrofe de la dana o los incendios de este pasado verano–, se utiliza para algo que no es ni extraordinario ni imprevisible: las operaciones militares. Estas partidas camufladas computan como gasto de defensa para alcanzar los compromisos con la Alianza Atlántica pero esquivan el Congreso de los Diputados y, con él, el debate parlamentario.
El fondo de contingencia es una reserva dotada con un importe equivalente al 2% del gasto no financiero del Estado y tiene una partida específica –y separada– en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente, en su esencia, a gastos imprevistos. Con la pandemia del coronavirus, esta hucha para emergencias se incrementó hasta los casi 4.000 millones de euros. A partir de 2022, y coincidiendo con la escalada militar, el Gobierno recurrió hasta 11 ocasiones al fondo de contingencia para destinar más de 1.000 millones anuales a operaciones militares. Este 2025, en una lucha contrarreloj para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN, de dedicar el 2% del PIB a Defensa, se alcanzó el récord con 1.714 millones.
Superó, incluso, la cifra del año anterior. En 2024 el Consejo de Ministros llegó a gastar hasta 1.385 millones en tres acuerdos distintos celebrados en abril, junio y julio. Cuando el día 30 de octubre de 2024, la dana azotó la Comunidad Valenciana, casi la mitad de los fondos previstos para emergencias se habían gastado con operaciones militares. La otra mitad se había destinado a partidas que sí encajan con la naturaleza del fondo, como la lucha contra el tráfico de drogas o paliar el impacto de catástrofes meteorológicas. Con ese remanente para emergencias a punto de agotarse, el Consejo de Ministros declaró ampliable el fondo de contingencia. Así pudo financiar los costes de reconstrucción y las ayudas para mitigar el impacto de la peor gota fría del siglo.
La dana fue tan destructiva que los fondos destinados a esta catástrofe se han extendido durante buena parte de 2025 y han provocado que el Fondo de Contingencia prácticamente duplique su dotación inicial. Tan solo para ese propósito se destinaron 2.100 millones en 2024 y 5.400 millones en 2025.
Recurrir al Fondo de Contingencia para financiar el despliegue de soldados en misiones de la OTAN, UE o Naciones Unidas no es una práctica exclusiva del actual Gobierno. Viene de lejos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) denuncia en sucesivos informes que desde 2012 el gasto en mantenimiento de la paz se lleva uno de cada tres euros de la hucha de emergencias.
Desde febrero de 2022 se han destinado 5.400 millones de euros a operaciones de paz –una factura que sí computa como gasto militar frente a la Alianza Atlántica–. Ninguna de estas transferencias ha sido sometida a debate en el Parlamento, donde los socios más a la izquierda del PSOE han verbalizado en numerosas ocasiones su oposición a la inversión desmedida en defensa.
En 2025 el Consejo de Ministros destina más de 1.700 millones en operaciones de paz del ejército
La Airef critica “el uso discrecional” del Fondo de Contingencia porque aumenta el riesgo de “desviaciones y compromete la transparencia del presupuesto”. Por un lado, porque reduce los recursos disponibles para afrontar riesgos, pero sobre todo porque al no dotar adecuadamente estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado, no se refleja “fielmente” el gasto real previsto.
Estos 5.400 millones representan sólo una pequeña parte del gasto militar no declarado. Según informó Guyana Guardian el pasado domingo, el Gobierno ha comprometido más de 60.000 millones en gasto militar desde el año 2018. Y tal y como ocurre con el Fondo de Contingencia, lo ha hecho a través del Consejo de Ministros, un mecanismo que evita, en la práctica, el debate parlamentario. Las partidas aprobadas incluyen desde fragatas, aeronaves, submarinos, drones de alta tecnología o satélites estratégicos y comprometen gastos hasta 2042.
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Según la Airef debería aparecer una partida en el Ministerio de Defensa más fiel a la realidad y no un presupuesto que es, a todas luces, insuficiente. Esto, de ser así, sería otro bache en el camino para aprobar unas nuevas cuentas del Estado ya que implicaría poner negro sobre blanco otro aumento más en gasto militar. Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde el año 2022, el gasto oficial en defensa lleva tres años congelado entorno a los 14.000 millones.
Los recursos públicos para contingencias son una reserva para gastos como danas o incendios
Pese a este lógico carácter imprevisible, lo cierto es que tradicionalmente en los Consejos de Ministros del año, el Gobierno prorroga la participación en operaciones fuera del territorio nacional, lo que permite anticipar buena parte del presupuesto.
El gobierno ha recurrido hasta 11 ocasiones a él para financiar operaciones de las Fuerzas Armadas
El uso reiterado de esta hucha para costear misiones en el exterior es otra evidencia más de que una gran parte del gasto militar viene de fuera del presupuesto ordinario. La práctica es legal, pero reduce el control parlamentario sobre esas partidas y deja menos margen para afrontar emergencias reales. El resultado es un equilibrio delicado entre cumplir los compromisos internacionales y garantizar que la reserva para imprevistos se use, efectivamente, para imprevistos.
