Más de 60.000 millones de gasto en Defensa sin apenas debate político

España se rearma por la vía silenciosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido más de 60.000 millones en gasto militar y lo ha hecho a través del Consejo de Ministros, un mecanismo que evita, en la práctica, el debate parlamentario.

Con un ejecutivo en minoría parlamentaria y unos socios que no respaldan el rearme, la Moncloa ha optado por diluir el aumento del gasto militar. El Consejo de Ministros ha autorizado un volumen extraordinario de inversiones para sortear el techo formal del Ministerio de Defensa, estancado desde hace tres años en torno a los 14.000 millones por la falta de presupuestos generales del Estado. Las partidas aprobadas incluyen desde fragatas, aeronaves, submarinos, drones de alta tecnología o satélites estratégicos y comprometen gastos hasta 2042. Todo ello para impulsar una carrera armamentística a contrarreloj.

La expansión militar se disparó a partir del 2022 con dos claros hitos en el año: por un lado, el inicio de la guerra de Ucrania –que lleva a los países aliados de Volodímir Zelenski, entre ellos España, a aprobar créditos para compensar gastos del conflicto bélico–, pero sobre todo, por la cumbre de la OTAN, de la que salió el compromiso de los países aliados de elevar el gasto en defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que años más tarde, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se quedó obsoleta para muchos de los aliados.

Los datos de Guayana Guardian, que recogen todos los acuerdos del Consejo de Ministros desde que Sánchez llegó por primera vez a la Presidencia, en junio del 2018, hasta el 25 de noviembre de 2025, revelan un excedente de gasto que supera los 60.000 millones de euros. Una cifra que solo incorpora los compromisos de gasto y las modificaciones aprobadas, siempre que estas detallen con precisión las cuantías y los programas. Cuando estos compromisos se formalizan a través de los contratos, las cifras acostumbran a variar, y casi siempre al alza. Por lo que el importe de los 60.000 millones es una estimación conservadora del gasto estructural comprometido.

Este procedimiento ha causado incomodidad en el hemiciclo, especialmente entre sus socios minoritarios, Sumar. En abril del 2025, cuando se aprobó el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, dotado con 10.450 millones de euros y que añadía 31 nuevos programas de armamento, Yolanda Díaz llegó a pedir su retirada del Consejo de Ministros.

Este mes de noviembre, la oposición ha elevado su queja: el Partido Popular registró una proposición de ley en el Congreso para obligar al Gobierno a someter a las Cortes Generales los créditos extraordinarios relacionados con la defensa y la seguridad. Los populares denuncian la “opacidad absoluta” del Gobierno y reclaman que estas transferencias de créditos se hagan “con control parlamentario”.

A quién no le ha venido mal ha sido a los socios parlamentarios, con intereses industriales en sus propias comunidades, que han escurrido el bulto para evitar retratarse con votaciones incómodas. Es el caso, por ejemplo, de EH Bildu, que si bien se opone políticamente a dedicar inversiones a armamento, es consciente de la lluvia de millones que acapara la industria militar en el País Vasco, algo que se traduce en empleo directo.

Desde el Centre Delàs, una entidad independiente que fiscaliza la economía militar, su Presidente Honorario, Pere Ortega, considera que “una medida que implica doblar el presupuesto militar como es el Plan para la Seguridad y la Defensa, sí que tendría que haber pasado por el Congreso de los Diputados”.

Del análisis de los datos se desprende que una inmensa parte del gasto militar aprobado desde junio del 2018 va destinado a programas que recaerán en la industria militar española. No se trata de partidas presupuestadas para compras extranjeras, que es el trasfondo del interés de Trump por elevar el gasto al 5% y que los países adquieran material Made in USA . Son fondos destinados a ampliar proyectos que fortalezcan a las fuerzas armadas y garanticen plena operatividad en cualquier misión de la OTAN.

Entre los proyectos, destaca el Euromale RPAS, ideado junto a Alemania, Francia e Italia, para desarrollar un dron que pueda volar a cotas medias y permanecer en el aire hasta 24 horas. Aunque el programa despegó en el 2016, antes de la entrada de los socialistas en el Gobierno, desde el año 2020 se han aprobado nuevos máximos de gastos que ascienden a 3.320 millones. El presupuesto, que se extiende en cuotas anuales hasta el 2035, recae en su mayoría sobre el Ministerio de Defensa pero cuenta con una aportación inicial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Otro de los programas estrella, aunque su futuro está lleno de incertidumbre por las disputas entre Francia y Alemania –estando España en mitad del fuego cruzado en este triángulo–, es el FCAS. Se trata de un avión de combate de sexta generación que tiene que convertirse en la gran apuesta europea frente al F-35 estadounidense, el caza favorito del Ejército del Aire y de la Armada para sustituir a los veteranos Harrier españoles, que seguirán volando hasta al menos 2032, y los F-18. El pasado mes de agosto el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, descartó la compra de los F-35, en consonancia con la línea del Gobierno de apuesta por la industria europea, que necesita adquirir más cuotas de independencia frente a la estadounidense.

A estos programas se suma también la renovación de la flota aérea. El Consejo de Ministros amplió en septiembre del 2023 el techo de gasto para llevar a cabo el Programa Halcón, diseñado para sustituir parte de la flota del Ejército del Aire que entró en servicio a finales de la década de los 80. Este plan tiene dos fases: mientras que la primera contempla la adquisición de 20 cazas Eurofighter por unos 2.637 millones de euros, la segunda añade otros 25 eurofighter más por 4.593,6 millones repartidos entre 2023 y 2035.

La sucesión de programas millonarios no se detiene. Durante este tiempo se ha aprobado la renovación de sistemas de defensa clave como los misiles Nasams, un antiaéreo de medio-largo alcance operativo en España desde el año 2003. Tras detectar problemas en su funcionamiento, en septiembre del 2023 el Consejo de Ministros aprobó su modernización por 673,4 millones en cuotas repartidas hasta 2027.

Entre la ristra de programas a los que el Gobierno ha seguido sumando cifras también se encuentra el de modernización de los misiles Spike. Pese a que fue aprobado en 2023, con cuotas hasta 2027, su futuro está en suspenso. En mitad del genocidio Israelí en la Franja de Gaza, el Gobierno de Sánchez, que lideró esa oposición mundial a Benjamín Netanyahu, el Ministerio de Defensa informó de que está sustituyendo cualquier tecnología israelí: entre ella se encuentra el programa de misiles Spike. Y aunque el departamento que dirige Margarita Robles es reacio a hablar aún de nombres, fuentes militares, explican que la vía turca, a través de Roketsan, es la opción mejor posicionada para sustituir al misil contracarro Spike.

Los planes de modernización también alcanzan el sector espacial. El programa PAZ II, con un coste de 1.089,8 millones de euros entre 2031 y 2042, permitirá desarrollar dos nuevos satélites de observación de la Tierra con tecnología radar. Además del gasto en Defensa, este proyecto también cuenta con un préstamo del Ministerio de Industria y Turismo a la empresa Hidesat por por el valor de 1.011,85 millones.

Aunque la mayoría de compromisos de gastos se aprueban a partir de 2022, y en el contexto de la guerra de Ucrania, también hay numerosas partidas aprobadas con anterioridad como los 4.325 millones para la construcción de 5 Fragatas F-110 para la armada o la fabricación de 348 unidades de vehículos blindado Dragón por 2.100 millones, ambas aprobadas por el Consejo Ministros en diciembre de 2018. O también la modernización del helicóptero Tigre MK III, un proyecto trilateral con Francia y Alemania, que cuenta con un impulso de 1.187 millones aprobado a finales de 2021.

Estas cifras demuestran que la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado nunca ha supuesto un problema para el Gobierno para alcanzar la cifra comprometida con la Alianza Atlántica. Fuentes ministeriales siempre han mostrado su escasa preocupación por la falta de cuentas anuales en este sentido, puesto que eran conscientes de que el mecanismo de aumentar los créditos para programas militares les serviría para cumplir con los compromisos alcanzados con la OTAN.

Tras los compromisos aprobados, 2025 se convierte en un año clave para el ámbito militar. Aunque las cifras actuales confirmadas para este año rondan los 25.000 millones –entre el presupuesto de Defensa, transferencias de crédito y las ayudas a las industrias militares desde el Ministerio de Industria–, aún existe margen para alcanzar los 33.000 millones necesarios para alcanzar el 2,1% del PIB comprometido. Hace poco más de una década, en 2014, España dedicaba apenas el 0,92% de su PIB a Defensa. Para 2025, ese esfuerzo se ha duplicado. Ni siquiera este aumento ha satisfecho al presidente de Estados Unidos, que quería que los aliados llegaran al 5% del PIB; España se mantuvo firme y logró mantener el objetivo acordado, al menos hasta la próxima revisión quinquenal de los compromisos militares.