Las Claves
- España y Portugal celebran cuarenta años de su integración en la Comunidad Económica Europea para impulsar la modernización y democracia nacional.
- La ciudadanía española mantiene un respaldo firme
El 1 de enero de 1986, al cumplirse hoy 40 años, España, en compañía de Portugal, se incorporó a la Comunidad Económica Europea (CEE), actualmente Unión Europea (UE), después de que el entonces jefe del ejecutivo, Felipe González, firmara el 12 de junio del año previo el acuerdo de integración en el Palacio Real de Madrid. Aquel avance fundamental se produjo apenas diez años después del deceso del dictador Francisco Franco y poco más de siete años tras la aprobación de la Constitución Española en plebiscito. España concluía así varios decenios de aislamiento para iniciar una fase de renovación y bonanza.
La incorporación a la CEE significó para España un respaldo a su democracia y un avance hacia la modernización.
No se requirió una consulta popular ni una modificación profunda de la Constitución debido a que el texto fundamental ya contemplaba, estableciendo su preeminencia, el traspaso de facultades a entidades supranacionales como la UE. Cinco años tras la tentativa de golpe de Estado del 23-F, la incorporación a la UE representó para España una garantía para el sistema democrático y un motor evidente de renovación. Existía un acuerdo implícito respecto a las ventajas de formar parte de Europa a pesar de que se ignoraba ampliamente el funcionamiento de sus instituciones.
La caída del euro y el endeudamiento, junto con sus medidas de austeridad, provocó un descenso en la valoración hacia la UE entre la ciudadanía.
A grandes rasgos, es posible calificarlo como una trayectoria de logros. Los españoles han manifestado durante estos 40 años un respaldo firme a la integración europea, aunque con variaciones puntuales ligadas a etapas de recesión económica nacional, sobre todo con la crisis financiera y del euro en la segunda década del siglo actual. Realmente, hasta esa fecha, la visión que los españoles poseían sobre la UE era habitualmente más optimista que la del promedio de la ciudadanía europea, conforme indican los resultados de los distintos Eurobarómetros (ver gráfico).
Esta valoración se debe en buena parte a una percepción de la UE positiva ligada a beneficios económicos (fondos estructurales, de cohesión, Política Agrícola Común ), modernización y estabilidad, acompañado de un bajo nivel de euroescepticismo duro.
Clara Penín
Tres de cada cuatro habitantes consideran que España logrará administrar su porvenir de manera más favorable integrando la UE que alejándose de ella.
Tan solo dos años tras la adhesión, el 60% de los españoles calificaban de forma favorable dicha etapa y únicamente uno de cada diez lo veía de manera negativa, de acuerdo con las cifras que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proporcionó en noviembre de 1988. Cerca de dos de cada tres ciudadanos percibían consecuencias positivas de la integración en la CEE para la operatividad democrática, el progreso social y la relevancia del país a nivel internacional. En relación con el desempeño económico, las estadísticas no resultaban tan concluyentes. Incluso uno de cada cinco observaba repercusiones negativas en el crecimiento financiero, uno de cada cuatro estimaba dañina la vinculación a la CEE para los salarios y el cincuenta por ciento de estos la consideraba nociva para la inflación.
La incorporación a la CEE significó para España un respaldo a su democracia y un avance hacia la modernización.
Posterior a la puesta en marcha del Tratado de Maastricht en 1993, que estableció la Unión Europea y marcó el rumbo hacia la moneda única, y del espacio Schengen en 1995, que abolió las aduanas internas de la UE, en medio de las secuelas de la crisis tras los Juegos Olímpicos, los indicadores del CIS decayeron un poco. Un 40% manifestaba una percepción positiva sobre la Unión ante un 12% con una mirada negativa. Pese a que casi el 70% apreciaba ventajas de la adhesión en la calidad democrática, la modernización y la posición de España internacionalmente, este dato bajaba del 49% en lo relativo a la evolución de la economía.
Los españoles han evidenciado una identidad europea frágil junto a un apego emocional escaso.
Fue en 2002 cuando España se despidió de la peseta para recibir al euro en una de las fases de integración europea más notorias, con ciertas repercusiones en la imagen de la UE. Por consiguiente, en un análisis del CIS de 2006, el 61% de los consultados aceptaba que formar parte de la UE fue ventajoso para España, y ocho de cada diez observaban impactos positivos en el progreso y en la consolidación democrática de la nación. A pesar de ello, el 82% de los habitantes creía que se había dañado la trayectoria de los precios y casi la mitad opinaba igual sobre los sueldos.
Los españoles han evidenciado una identidad europea frágil junto a un apego emocional escaso.
Sin embargo, aquello no influyó en la consulta para ratificar la Constitución Europea organizada en España durante febrero del 2005, la cual obtuvo un 77% de votos a favor y un nivel de abstención histórico. La concurrencia a las urnas, inferior al 42%, evidenció dos tendencias habituales de estos cuarenta años: un sentimiento de pertenencia europea tenue aunque acorde con el español y un compromiso afectivo bastante escaso. A pesar de ello, la negativa de Francia y Países Bajos hacia la Constitución Europea derivó en la ratificación en el 2007 del Tratado de Lisboa, el cual modificó el esquema de la Unión y comenzó a aplicarse en el 2009.
A raíz del colapso financiero que surgió al concluir el 2008 y persistió por encima de cinco años, derivando en una inestabilidad de la deuda pública y de la moneda única –Zapatero y Rajoy acordaron una modificación de la Constitución con el fin de establecer un límite de gasto y la preferencia en el abono de los débitos–, se vivieron las etapas más difíciles de la UE en España. La población culpó a la Unión por las políticas de austeridad y las posteriores reducciones presupuestarias aplicadas en España. Durante el 2014, el CIS estimaba en un 43% la proporción de ciudadanos que creían que la nación había obtenido ventajas por integrar la UE (una caída de 18 puntos respecto al 2006) y en un 30% a quienes sostenían que el impacto resultó negativo.
No obstante, las dificultades originadas por la crisis sanitaria del covid en 2020, que impulsó al Consejo Europeo a establecer los recursos Next Generation, junto con el ataque ruso a Ucrania en 2022, han recuperado entre los españoles y el resto de europeos una visión sumamente favorable de la Unión. De este modo, en junio de 2025, de acuerdo con el CIS, un 73% de la población consideraba beneficiosa tanto para la nación como a nivel individual su integración en la UE. Asimismo, conforme al reciente Eurobarómetro de diciembre, aproximadamente tres de cada cuatro españoles opinan que España logrará encarar el porvenir con mayor éxito permaneciendo en la UE que fuera de la misma, mientras que el 77% sostiene que convendría adoptar más resoluciones en dicho ámbito. Estas cifras se sitúan, en cualquier circunstancia, bastante por delante del promedio registrado por la totalidad de los habitantes europeos.
Durante el año 2005, al someterse a votación la propuesta fallida de la Constitución Europea, Catalunya figuró entre las regiones de España con menor respaldo –a la par de Euskadi y Navarra–. Transcurridas dos décadas, pese a un periodo de inestabilidad donde la reputación de los organismos europeos se vio afectada debido a la imposición de medidas de austeridad sobre las administraciones locales, siete de cada diez catalanes valora favorablemente la pertenencia a la Unión Europea (UE).
Previo a las pasadas elecciones europeas de 2024, se realizó una encuesta colaborativa entre el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) y el Parlamento Europeo centrada en Europa y Catalunya. Cerca del 72% de los participantes opinaba que pertenecer a la UE resulta beneficioso. Por otra parte, el 54% de la población indicaba que la UE influye de forma notable en su día a día, mientras que un 55% se definía como muy o bastante europeísta. De igual modo, el 79% de los ciudadanos en Catalunya prefería confiar a la UE la defensa frente a riesgos externos; el 72% deseaba que Europa estableciera las directrices para combatir el cambio climático y el 67% defendía que la Inteligencia Artificial se supervise desde las instituciones comunitarias.
En asuntos diversos como la gestión migratoria o la restricción de las tarifas energéticas, por el contrario, la aceptación de que Bruselas dirija las acciones se situaba por debajo del 50%. En cualquier caso, no existe una secuencia cronológica para calibrar la trayectoria, ya que los eurobarómetros emplean como unidad de medida a los estados miembro. No obstante, estos valores armonizan con los hallados en diferentes informes del CEO, donde el sentimiento de ser catalán aventaja siempre a la percepción de ser español o europeo. Pese a esto, suele ser común que la identificación como europeo sea mayor que la de ser español. No es casualidad que en el transcurso del procés se pretendiera ligar la soberanía con el mantenimiento de la integración en la UE.
