La prolongada resonancia del colectivo de reclusos de ETA

Una marcha reclamando el “fin de la vulneración de los derechos de los presos” de ETA transitó ayer, siguiendo la tradición anual, por las vías de Bilbao, si bien es verdad que el contexto de los presos es totalmente distinto al que se observaba tiempo atrás. En la actualidad, habiendo pasado más de cuarenta años desde los periodos de mayor violencia terrorista, el número de internos que formaron parte de ETA anteriormente apenas rebasa los cien, quedando muy atrás los más de 750 que se contabilizaban hace veinte años. Igualmente, casi todos están recluidos en centros penitenciarios vascos.

La situación de los reclusos, un asunto de gran delicadeza para un sector de la izquierda abertzale, ha perdido intensidad recientemente, sobre todo a raíz de que el Gobierno español finalizara hace tres ejercicios la estrategia de alejamiento vigente desde 1989. De forma paralela, en la última década están abandonando los centros penitenciarios los internos recluidos en la etapa más cruenta del terrorismo, durante los 80 y la parte inicial de los 90, frecuentemente después de haber pasado cerca de 30 años entre rejas.

Hay un tercer elemento que colabora con esta distensión del asunto. Conforme progresa la ejecución de las penas, aumenta la cantidad de internos que obtienen el tercer grado o sistema de semilibertad, una inclinación que, sin embargo, recibe fuertes reproches por parte de ciertas asociaciones de víctimas.

En la actualidad, el EPPK, el grupo que se denomina colectivo de presos políticos vascos, tiene a 105 reclusos cumpliendo sus sentencias. Hay cerca de veinte internos más que están en la cárcel y que se localizan fuera de la agrupación (la mayor parte disconformes con la postura oficial y defensores de reclamar una amnistía absoluta).

Ese número de algo más de cien reclusos de ETA difiere de los más de 750 que existían hace veinte años, hacia 2005 –el máximo histórico tras el franquismo–, y los cerca de 700 que ocupaban los centros penitenciarios cuando en 2011 ETA comunicó el final permanente de su actividad armada. En aquel momento, aproximadamente 550 internos permanecían en centros españoles y cerca de 150 agotaban su pena en prisiones de Francia. De ese grupo, solo unos treinta se hallaban en instalaciones próximas al País Vasco, principalmente por haber renunciado al terrorismo mediante la denominada vía Nanclares.

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Ander Goyoaga

La conclusión de la política de alejamiento ha supuesto una transformación profunda en este sentido. Casi todos los reclusos de ETA están cumpliendo sus penas en centros penitenciarios vascos, salvo Mikel Karrera Sarobe, alias Ata, y Saio Sánchez Iturregi, quien ya no forma parte del EPPK. Los dos permanecen recluidos en el penal francés de Lannemezan, situado en la región de Altos Pirineos. En cuanto a los demás, 35 atraviesan el tramo último de sus sentencias en sus hogares, mientras que los otros se reparten entre las cárceles de Zaballa y Martutene –donde se agrupan dos tercios de los internos–, además de las de Basauri y Pamplona.

Las características de los internos igualmente se han transformado de forma considerable. La mayoría de los encarcelados sentenciados por la actividad terrorista de ETA durante las décadas de los 80 y principios de los 90 ya han recuperado su libertad, salvo Henri Parot, quien cuenta con 67 años y lleva 35 años recluido. Existe otro grupo de seis reos que se acercan o sobrepasan los 70 años de edad. Globalmente, cerca de veinte individuos continúan en centros penitenciarios desde el cierre de los años 90.

De cualquier modo, no representa la descripción más habitual. La mayoría de los internos de ETA que permanecen en la cárcel ingresaron tras el fin del alto el fuego vinculado al Pacto de Estella/Lizarra (1998-1999). El tiempo promedio de reclusión que ha completado este grupo de cien encarcelados oscila entre los 20-25 años, siendo el patrón predominante el de un hombre (menos del 10% son féminas) nacido en la década de 1970.

Respecto al panorama carcelario, aparte de los 35 reclusos que encaran el término de su sentencia en sus hogares, vinculados a diversas disposiciones carcelarias, existen otros ocho individuos en tercer grado. Los demás, algo más de 60, permanecen en segundo grado, si bien ciertos sujetos ya han obtenido determinadas licencias conforme a lo establecido en la normativa de prisiones.

El tema de los cambios de grado representa una de las principales luchas para ciertos colectivos de víctimas. Covite ha criticado estos días que se otorgan terceros grados “fraudulentos” bajo el “aval” de la Audiencia Nacional, la institución encargada de supervisar legalmente las evoluciones de grado sugeridas por los equipos de tratamiento de los distintos centros penitenciarios. Por su parte, Sare reprocha que la Audiencia Nacional se encuentra anulando y demorando diversos avances de grado.

De cualquier modo, esta agrupación dirige su atención más lejos. La demanda principal del círculo de los reclusos consiste actualmente en anular la ley orgánica 7/2003, relativa al cumplimiento total y real de las condenas. Dicha regulación, ratificada en el segundo mandato de José María Aznar, hizo más estrictos los requisitos para obtener el tercer grado en situaciones de terrorismo y, primordialmente, incrementó hasta los 40 años el tope de permanencia en la cárcel para los escenarios donde se perpetren dos o más crímenes terroristas.

Bajo la aplicación de la ley, los reclusos más recientes en ser encarcelados por delitos de sangre, sentenciados por parte de los 12 homicidios ocurridos entre el cese de la tregua de 2006, con el ataque a la T-4, y el último atentado fatal de 2010 (el asesinato del gendarme Jean-Serge Nerín), quedarían en libertad hacia el 2045-2050. Esta situación constituye una amenaza latente para la izquierda abertzale, que durante este periodo ha comprobado que la menor intensidad del conflicto de los presos ha beneficiado su trayectoria pragmática.