Hoy no me puedo levantar

Entre tantos dimes y diretes, sucedió ayer algo relevante. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó un informe demoledor sobre incapacidad temporal (IT) en el trabajo. No hay que esperar de un organismo como este, por muy independiente que se pretenda, un desmelene extremo. Pero la Airef apuró ayer al máximo su margen de claridad expositiva para decir casi con todas las letras lo que ya sabe desde hace tiempo todo hijo de vecino, sea empleado o empresario –grande, pequeño, mediano o autónomo–. El resumen viene a ser que en los últimos años se han acrecentado tanto los incentivos para no ir a trabajar que el absentismo justificado por incapacidad temporal se ha disparado mucho más allá de lo razonable. Y, con él, la amenaza sobre la productividad y los costes, tanto para las empresas como para el erario.

La conclusión añadida es todavía más preocupante: no hay un mecanismo efectivo de supervisión de esas bajas laborales. Sumada una cosa y la otra –aunque esto ya es cosecha propia–, el milagro es que en España haya todavía quien se levante para ir a trabajar. ¡Será que en el fondo somos de lo más cumplidores!

Hay el doble de bajas por cada mil afiliados a la Seguridad Social que hace una década y la curva es marcadamente ascendente desde después de la pandemia. El gasto en prestaciones por incapacidad temporal se ha desbocado, y la sospecha, aunque no se exprese en estos términos, es que por el camino hay una parte importante del absentismo no justificado al que se ha facilitado la coartada del disimulo a través de la incapacidad temporal. Que el mayor incremento se dé en las bajas de corta duración acrecienta y justifica la suspi­cacia.

El incremento es tan radical que ya no aplica el argumento recurrente de que en un ciclo económico positivo lo normal es que las bajas temporales se incrementen, dado que la gente tiene menos miedo a la represalia. Los números presentados ayer demuestran que esa relación se ha de­sacoplado y que el absentismo por incapacidad crece desbocado por inercia propia más allá de la coyuntura.

Entre las causas que cita Airef, que son múltiples y de lo más variadas para explicar sus conclusiones, no se cita una imposible de justificar, pero que ha tenido, sin duda, sus efectos. Pues las ideas, las buenas y las malas, acostumbran a ser los cimientos de la realidad que va construyéndose y la energía motora que modifica los comportamientos. Nos referimos a la insistencia del Gobierno, con singular protagonismo de Podemos en la primera legislatura sanchista y de Sumar en la segunda, en la demonización del trabajo y en la presentación de las obligaciones laborales como una condena de la que hay que hacer lo posible por escapar.

Trabajar no como algo necesario para el bienestar, tanto individual como colectivo, sino como una carga a todas luces injusta de la que conviene escabullirse si uno tiene la posibilidad.

Recientemente, con el debate de la fallida medida de la jornada laboral de 35 horas, incluso la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avaló, sin darse cuenta de ello, que parte de las bajas temporales por enfermedad podían obedecer al simple absentismo disimulado. Lo hizo cuando afirmó que, si se aprobaba la jornada de 35 horas, probablemente el absentismo disminuiría porque la gente sería más feliz. Una cosa por la otra. El absentismo como moneda de cambio.

Esta semana, su ministerio ha vuelto a amenazar con el decreto ley para aprobar el permiso por duelo a los diez días. Dejando a un lado lo necesario o no que pueda resultar esta medida, lo cierto es que tanto la forma como el fondo encaja perfectamente con esta línea de acción que pretende asociar el trabajo simplemente a una losa, algo inequívocamente malo y perjudicial. Una obligación que, lejos de ser algo imprescindible para sentirse bien en los propios zapatos, no es más que un lastre que nos impide realizarnos de verdad y ser todo lo felices que merecemos.

El informe de la Airef pone negro sobre blanco la necesidad de reequilibrar este discurso. La garantía de bienestar para el trabajador por cuenta ajena no es óbice para que al mismo tiempo, y con mayor urgencia, el Gobierno se ponga manos a la obra para acabar con la plaga del absentismo y el abuso indisimulado, cuando no fraude, que se está produciendo a la vista de todos con las bajas temporales.