¿Debe España prohibir X? Por una internet pública
Tribuna
¿Debe España prohibir X si continúa vulnerando normas democráticas básicas? No es una pregunta retórica. Aunque hace pocos años vetar una plataforma digital parecía impensable hoy forma parte del debate público europeo. Y con razón: si una empresa privada concentra un poder desmesurado sobre la conversación pública y lo ejerce sin responsabilidad, los estados deben actuar.
Sabemos cuál será la respuesta de los lobbies tecnológicos. Lo mismo que dijo Pável Dúrov en su mensaje de Telegram: que es un ataque a la libertad de expresión. Pero no, la libertad de expresión es un derecho que tenemos las personas frente al Estado, y no un privilegio empresarial para operar sin ningún limite. Igual que ningún bar puede servir alcohol a menores o ninguna televisión puede emitir publicidad engañosa sin consecuencias, ninguna empresa debería poder comercializar productos con efectos sociales dañinos sin regulación. Si algo ponen en riesgo determinadas plataformas no es la libertad de expresión, sino la privacidad, la seguridad y la calidad democratica.
La libertad de expresión es un derecho de las personas frente al Estado, y no un privilegio empresarial para operar sin limite
Hay algo inquietante en la naturalidad con la que hemos aceptado que un puñado de grandes corporaciones acumulen más información sobre nosotros que cualquier país democrático en la historia. Son empresas voyeur: saben qué leemos, qué compramos, a quién queremos, qué tememos y en qué momento del día somos más vulnerables. Deciden qué vemos y qué no vemos. Y, sin haber sido elegidas por nadie, influyen en los gobiernos, modelan el debate público y condicionan las elecciones.
Esto es especialmente grave en X. Bajo la dirección de Elon Musk, la plataforma ha reducido drásticamente sus equipos de moderación, ha flexibilizado normas sobre contenidos y ha integrado sistemas de inteligencia artificial como Grok, capaces de generar millones de imágenes sexualizadas de mujeres y niñas en cuestión de días. No sorprende que casi la mitad de los europeos apoye vetar la plataforma si sigue incumpliendo normas sociales básicas. No se trata de si nos gusta o no X; se trata de si nuestro país puede tolerar que un grupo de accionistas obtenga beneficios económicos del conflicto, la desinformación y la polarización.
En España, el debate se ha intensificado tras la propuesta del Gobierno de prohibir la entrada a menores de 16 años a las plataformas digitales para protegerlos, equiparando su protección a la que existe frente al tabaco o el alcohol. La comparación no es aleatoria: los entornos digitales están diseñados para generar dependencia, maximizar el tiempo de uso y capturar atención. Nuestras infancias y adolescencias están expuestas a grandes cantidades de desinformación, a la normalización del odio y a modelos de éxito basados en la sexualización y la violencia. ¿Qué impacto tendrá en su desarrollo y en la sociedad del futuro?
El Ejecutivo ha planteado que se tenga que verificar la edad a través de la Cartera Digital Beta, una aplicación de “doble ciego” que permite acreditar datos personales sin compartirlos directamente con las plataformas ni revelar al Estado a qué web se accede. Se trata de una iniciativa desarrollada junto a Francia, Italia, Grecia y Dinamarca, y a auditada por el Centro Criptológico Nacional. Sin embargo, incluso esta solución plantea interrogantes y, en cierto modo, desplaza el foco desde las plataformas hacia los usuarios.
Por un lado, está la cuestión de la privacidad y las libertades civiles. España vive episodios de espionaje político y persecución política vinculada la libertad de expresión, como con los titiriteros o Valtònyc. En este contexto, cualquier sistema de identificación digital debe ofrecer garantías sólidas de que no se convertirá en una herramienta de vigilancia masiva o de disuasión de la organización social.
Por otro lado, existe el riesgo de exclusión. En una economía cada vez más digitalizada, quedar fuera del ecosistema online implica perder oportunidades de empleo, educación, participación y ocio. Personas sin hogar, jóvenes tutelados o quienes se encuentren en situación administrativa irregular podrían verse aún más marginados. La brecha no sería solo tecnológica: sería democrática.
Es verdad que la identificación podría reducir la impunidad de los delitos de odio en redes, donde el anonimato sirve como escudo para el acoso y la amenaza. Pero centrar el debate exclusivamente en la edad o la identidad desplaza la responsabilidad hacia las familias y libera a las plataformas de la suya propia. Porque el problema no es solo quién entra, sino qué hacen las plataformas con quienes están dentro.
La regulación debe ir más allá de la verificación de edad. Debe de exigir responsabilidad legal a las plataformas por los delitos que se cometen en estos espacios, imponer obligaciones claras de moderación y transparencia algorítmica y establecer sanciones — incluida la prohibición de operar — para quienes incumplan las normas democráticas básicas. Regular es imprescindible, pero no suficiente. Necesitamos también formar y empoderar a la gente. Y, sobre todo, apostar por tecnología pública.
Igual que defendemos la sanidad, la educación o la seguridad como bienes comunes, debemos defender un internet público: redes sociales con gobernanza transparente, algoritmos auditables e infraestructuras digitales que respondan al interés general y no solamente a la lógica de maximizar beneficios. Espacios que no comercien con nuestra atención ni conviertan nuestras emociones en materia prima. En definitiva, estamos hablando de soberanía democrática.
La lucha por el modelo de internet es tan importante como la lucha climática, la batalla por la vivienda o la defensa de la igualdad. Por eso necesitamos un Pacto de Estado que vaya más allá de ciclos electorales e ideologías, que involucre a agentes sociales, al sector educativo y universitario, al tejido empresarial y a la sociedad civil.
Un acuerdo transversal para frenar al feudalismo digital, recuperar el control democrático sobre los datos y garantizar que el mundo online no sea un territorio sin ley ni orden, sino un espacio de derechos. Porque el futuro no lo pueden decidir los algoritmos. Debemos decidirlo nosotros, la gente.