¿Qué pide el PP a Vox para pactar en las autonomías?

El PP defiende que tiene una posición única en toda España y en todas las autonomías que gobierna. Y, para demostrarlo, Alberto Núñez Feijóo ha elaborado un documento con diez puntos en los que traza las líneas del terreno de juego para la negociación de cualquier gobierno autonómico de ahora en adelante, una tarea que empezará por la investidura de Extremadura y Aragón. También será aplicable a Castilla y León si Alfonso Fernández Mañueco no logra la mayoría absoluta y necesita del apoyo de Vox. 

El primer punto del decálogo recoge que “todo acuerdo exige pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho”, un punto que es toda una declaración de intenciones del PP a la hora de negociar con cualquier partido, más allá de Vox. En este sentido, esto también puede cerrar las puertas a un acuerdo con partidos como Junts en Catalunya si el bloque de la derecha logra una mayoría en las próximas elecciones catalanas. 

El segundo punto punto exige “el respeto a la ley”, lo que incluye “el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España”: esto sí es un mensaje que también interpela a Vox ya que los populares se quejan de que el partido de Santiago Abascal exige tomar medidas que son de competencia estatal. 

El tercer punto plantea “el respeto a las principales instituciones”, con especial énfasis a “proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas y respetar a la Jefatura del Estado”. 

El cuarto punto señala la defensa de la “coherencia programática” en el PP a la hora de negociar, lo que implica que sí se contempla “ampliar las ofertas”, pero “no contradecirlas”. De esta manera, el partido de Feijóo quiere deshacerse de las críticas de Vox, que reprocha a los populares tener una voz en cada autonomía y eso hace difícil llegar a acuerdos.

El quinto punto apuesta por la defensa de “la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad”: “Hacer las cosas distintas al actual Ejecutivo central incluye no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”. Este puno va dirigido a enmendar iniciativas del Gobierno actual, como la amnistía o el nuevo modelo de financiación autonómica que pretende llevar a cabo. 

El sexto punto defiende la “proporcionalidad” en el reparto del poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo: es decir, que los puestos de responsabilidad en el gobierno y en el parlamento se deben de distribuir en función de lo “que los ciudadanos establezcan en las urnas”. 

El séptimo punto defiende que el PP “tiene identidad política propia” y, por ello, quiere dar un aviso a cualquier partido con el que negocie, sea Vox u otro, ya que avisa que no va a aceptar todo lo que se exija. “Un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo. Pero proclamamos que ninguna diferencia está por encima del interés de España”, señala el documento, que también apela a la responsabilidad para alcanzar un acuerdo de gobierno para no “frustrar el mandato de las urnas”. 

El octavo punto es el más amplio ya que incluye las políticas que plantea el PP. En concreto, son 18 medidas, de muy distintos ámbitos. En el ámbito económico, se propone una bajada de impuestos; reducción de la burocracia que “asfixia a autónomos y pequeños empresarios”; protección de los agricultores, ganaderos y pescadores frente a la “sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes”; rechazo a las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”; una política energética “que dote al sistema de capacidad y eficiencia” que garanticen la atracción de inversiones estratégicas; medidas para ampliar la oferta de vivienda y rebajar los precios, como más suelo, menos burocracia urbanística y plazos más cortos; y, medidas contra la okupación ilegal. 

En el ámbito social, el documento plantea medidas para proteger la dignidad de todos los ciudadanos, pero corrigiendo el sistema de subsidios y haciendo un ejercicio de “distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas”; rechaza la política migratoria del Gobierno, que “ha alcanzado niveles intolerables”; defiende que los inmigrantes que cometan “delitos graves o hagan de la delincuencia su forma de vida” deben ser expulsados; recoge medidas fiscales y de servicios sociales en el ámbito autonómico para fomentar la natalidad; o,  sostiene la necesidad de medidas de protección a la infancia contra “contenidos dañinos”, en referencia, entre otras cosas, a “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. 

También en el ámbito social, el documento del PP defiende un sistema educativo “exigente, basado en la cultura del esfuerzo y la excelencia académica”; promueve medidas para las mujeres que “siguen enfrentando dificultades reales en el acceso al empleo, en la conciliación y en la brecha salarial” y de rechazo al burka y el niqab; expresa “la condena de toda forma de violencia”, sean políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase; defiende medidas de fiscalidad, vivienda, formación y empleo orientadas a los jóvenes; refuerzo de la seguridad ciudadana; y, plantea la ampliación de la plantilla de sanitarios. 

Ya el noveno punto, se apela a la unidad de los gobiernos del PP en coalición con cualquier otro partido y, sobre todo, Vox: “En cualquier acuerdo, las formaciones comprenden que los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria, con independencia de las responsabilidades ejecutivas de cada uno”.

Finalmente, el décimo punto pretende asegurar la “estabilidad”, por lo que plantea el compromiso de la aprobación de los cuatro presupuestos de la legislatura y el establecimiento de “un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto”.