La ley frenará la influencia de los gobiernos en los medios
Más del 35% en publicidad pública vetará campañas estatales
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López
“La publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios”, advirtió ayer el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, después de que el Consejo de Ministros aprobara el nuevo anteproyecto de ley de Publicidad del Sector Público.
Una de las claves de esta nueva iniciativa legislativa, como ya adelantó Guyana Guardian , es que establece un límite para que la publicidad institucional o pública no supere el 35% de los ingresos en los medios de comunicación –tradicionales y plataformas digitales– durante un ejercicio. Enmarcado en el plan de acción por la democracia impulsado por Pedro Sánchez, y en la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), el doble gran objetivo del nuevo anteproyecto de ley es garantizar la obligación de transparencia de las administraciones públicas y la independencia “real y económica” de los medios de comunicación.
López advierte que la publicidad institucional no puede servir para “comprar medios de comunicación”
De esta manera, explicó López, los medios no podrán superar, del total de sus ingresos anuales, el 35% en campañas de información del sector público de todas las administraciones, tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El ministro señaló que ese tope del 35% no es una cifra elegida al azar, sino que está consensuada con el sector en función de distintos estudios internacionales. Aún no se puede saber a qué medios puede afectar la medida, alegó López, precisamente por la falta de transparencia actual. De hecho, resaltó que por ahora solo la Generalitat de Catalunya informa cada año de en qué medios distribuye su publicidad institucional.
La ley no fija un régimen sancionador, pero los medios de comunicación que superen ese 35% de publicidad de una comunidad autónoma, por ejemplo, “quedarán excluidos de las campañas de publicidad de la administración general del Estado”. La citada comunidad podrá seguir destinando los mismos ingresos publicitarios a ese medio, que en cambio ya no podrá acceder a una campaña publicitaria, por ejemplo, de Renfe o de cualquier ministerio, al haber superado ya el tope.
Además, la citada comunidad autónoma tendrá que informar de cuánto dinero destina a cada medio de comunicación en publicidad institucional. En caso de no hacerlo, la Comisión Europea podría abrir un expediente sancionador contra España, que podría derivar en multas. Y el Gobierno central repercutiría de inmediato dicha multa a la comunidad que incumpliera el reglamento europeo.
La norma, en todo caso, establece que la publicidad institucional se deberá destinar, “de manera preferente”, en medios de carácter informativo.
Y también establece una cláusula para salvaguardar a los medios locales que facturen menos de 2 millones de euros al año o que tengan el 70% de su audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades, a los que no se aplicará este tope del 35%.
Un pastel de 2.700 millones de euros
La ley de Publicidad del Sector Público que ayer aprobó el Gobierno, en primera vuelta, trata de superar la primera norma que vio la luz al respecto en el 2005 –la ley de Publicidad y Comunicación Institucional, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero–, tras la profunda transformación operada en el sector de los medios de comunicación en los últimos veinte años. Sobre todo, tras la irrupción de las plataformas digitales que compiten hoy en el mercado publicitario con los medios tradicionales. El ministro Óscar López destacó que el mercado publicitario español alcanzó en el 2024 los 13.080 millones de euros, de los que 2.700 millones son inversión pública de todos los niveles de la administración en publicidad institucional.
