Las medidas del escudo social que tumbará hoy el Congreso

El pleno del Congreso de los Diputados tumbará hoy por segunda vez el decreto ley del llamado escudo social, que entró en vigor hace unas semanas, cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). PP, Vox y Junts se oponen.  El texto incluye medidas que afectan a diversas materias: vivienda, energía, empleo, fiscalidad y ayudas por catástrofes naturales. También asuntos relacionados con la financiación de las comunidades.  

Junts carga principalmente contra las cláusulas antidesahucios, al considerar que fomentan las ocupaciones de viviendas y los impagos por parte de los inquilinos. Además, lamenta que se ha prorrogado esa medida hasta en seis ocasiones, desde que se puso en marcha por primera vez durante la pandemia de la covid.  

Los posconvergentes han exigido que se marginen del resto del decreto las medidas antidesahucios para dar su apoyo. En el primer decreto también figuraban las pensiones, pero para garantizar su aprobación, como ya hizo el año pasado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez las segregó. 

Estas son las principales medidas que incluye el decreto que hoy caerá.

• Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador, y en otros supuestos cuando el arrendador es un gran tenedor.

• Exclusión de la suspensión automática para propietarios de dos o menos viviendas, con intervención de los servicios sociales para la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.

• Extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador sea gran tenedor. Se mantiene la suspensión de los desahucios que ya estuvieran suspendidos a 27 de enero de 2026, sin necesidad de nueva solicitud.

• Continuidad de la financiación estatal a las comunidades autónomas para el desarrollo de parques de vivienda social y recursos de emergencia habitacional.

• Refuerzo del sistema de compensaciones a propietarios, incluido el sistema de avales dotado con 300 millones de euros.

• Prórroga del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

• Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026.

• Adaptación de la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.

• Flexibilización de los requisitos para ser considerado operador de hidrocarburos confiable.

• Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

• Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos del IRPF e IVA así como al régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca.

• Modificaciones en la normativa del IVA en materia de hidrocarburos.

• Incentivos fiscales por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, con deducciones hasta el 15 % del importe en el IRPF.

• Deducción y bonificaciones fiscales por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas.

• Mantenimiento del régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.

• Exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales.

• Prórroga de las ayudas directas y a la reconstrucción para personas, empresas y municipios afectados por la dana.

• Exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas concedidas por las administraciones públicas a los afectados por la dana.

• Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por acontecimientos naturales o extraordinarios.

• Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.

• Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

• Actualización de las entregas a cuenta a las entidades locales.

• Aprobación del régimen de endeudamiento autonómico.

• No exigibilidad de la devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o a devolver por el Estado a las compañías.

Asier Martiarena

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Cronista del departamento de política luego de diez años siguiendo el día a día de Madrid entre 2011 y 2022. Previamente en Microsoft News y el periódico Metro.