De la PAH a la PAO
Sin permiso
La coherencia es difícil de mantener en política. El clima social obliga a los partidos a virar hasta resultar a veces casi irreconocibles. Ciudadanos, por ejemplo, empezó como una escisión de descontentos del PSC y acabó compitiendo con el PP en toda España. Junts es una de las formaciones que ha sufrido transformaciones más drásticas en los últimos años. Del nacionalismo pragmático pasó a abrazar el independentismo irredento, al tiempo que cambiaba las alianzas con el PP por pactos con la CUP. Ahora trata de redefinir su ideología.
Los años del procés fueron también los de la gran recesión y la opinión pública exigía a los gobiernos protección frente al tsunami que arrasó la economía. Se repetía la palabra rescate y se pedía que lo público salvara a quienes naufragaban víctimas del azote del paro. En ese contexto, el clamor social impulsó en el Parlament una iniciativa legislativa popular que reclamaba un escudo contra los desahucios. La norma vio la luz en 2015 con el apoyo de todos los partidos catalanes. Todos.
El pilar más polémico de aquella ley obligaba a los grandes propietarios (con más de 10 viviendas) a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables antes de un desahucio. Prohibía a las compañías cortar agua, luz y gas en esos casos y establecía una “segunda oportunidad” para las familias con una hipoteca que no podían asumir. El PP la recurrió al Tribunal Constitucional (pese al voto del PPC) y su aplicación fue suspendida en mayo de 2016. Carles Puigdemont convocó a partidos y entidades en el Palau para proclamar: “el Estado español utiliza el TC para desproteger a los más vulnerables y recortar derechos sociales en Catalunya”.
Eran los tiempos del auge de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de las movilizaciones vecinales para impedir desahucios. Junts no hacía más que recoger las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos y adaptarlo todo al discurso independentista. Se trasladaba el mensaje de que una Catalunya separada de España sería más justa y atendería mejor a las necesidades sociales. El president ponía como modelo a los países nórdicos y en el programa de 2017 Junts abogaba por convertir en viviendas de alquiler social aquellas en manos de bancos y grandes propietarios que estuvieran vacías, además de “establecer los mecanismos necesarios para evitar cualquier desahucio por motivos económicos de personas en situación vulnerable, garantizando el realojamiento adecuado”.
Junts no prevé apoyar los Presupuestos, pero también necesita tiempo antes de unas elecciones
Diez años después, la situación es muy distinta. Junts ha tumbado esta semana un decreto contra los desahucios con el argumento de que promueve las ocupaciones ilegales y, en concreto, lo que se ha dado en llamar “inquiocupaciones” (inquilinos que dejan de pagar el alquiler), término que empezó a utilizar el PP hace un año, cuando Feijóo y Ayuso se reunieron con la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), remedo de la PAH. Junts ha asumido ese discurso. ¿Qué ha cambiado? Por un lado, no gobierna la Generalitat, ahora en manos del PSC, por lo que plantea el choque frente al modelo de la izquierda. Por otro lado, el péndulo social se ha desplazado hacia la derecha. Lo público ya no goza de popularidad. La crisis aguda pasó y resurge un cierto individualismo que se traduce, por ejemplo, en la reclamación de rebajas de impuestos. A ello se añade la incapacidad de las administraciones para contener los precios de la vivienda, lo que hace derivar el debate hacia ramificaciones como la ocupación.
Junts ha comprobado que su electorado es especialmente sensible a este tema y que le reclama que sea inflexible. El decreto inicial fue negociado con el PNV de forma que los caseros con uno o dos pisos en alquiler estuvieran exentos de la obligación de evitar los desahucios. Pero los dirigentes de Junts saben que, en el contexto actual, los grises se pierden y el debate se reduce a “ocupas sí, ocupas no”. Por si fuera poco, las compensaciones públicas prometidas a los pequeños propietarios afectados son difíciles y lentas de cobrar. Así que Junts argumenta que la incapacidad del gobierno para dar respuesta a las familias vulnerables sin techo no pueden suplirla los particulares.
El voto en contra de Junts al llamado escudo social no altera la relación de ese partido con el PSOE, hibernada, aunque subsisten contactos. Puigdemont no puede alinearse siempre con el bloque de Vox, pero tampoco apoyará los presupuestos del Estado. Si se materializa su regreso en primavera, Junts se mantendrá en el bloque de la investidura en buena parte de las votaciones porque también el ex president necesita tiempo para recomponer el partido antes de afrontar unas elecciones.
Pedro Sánchez mantiene la instrucción a su gobierno de cumplir con los compromisos adquiridos con ese partido, por más que algunos expresen su hartazgo ante los portazos de Junts. En especial la vicepresidenta María Jesús Montero, que conforme se acercan las elecciones andaluzas de junio, intenta marcar más distancia con los aliados independentistas. Esa perspectiva también ha enturbiado la relación con ERC, al negarse Montero a asumir en público el acuerdo para el traspaso de la recaudación del IRPF. Aunque los republicanos no van a desestabilizar al Ejecutivo de Sánchez, sí han derivado su malestar a Catalunya, donde niegan su apoyo a los presupuestos.
El PSC y ERC se dan hasta el 24 de abril para las cuentas; Montero quizá ya no sea ministra
Oriol Junqueras fue reelegido al frente del partido con una fuerte oposición interna (52% en una segunda vuelta) y eso le lleva a reclamar gestos del Gobierno central antes de dar a Salvador Illa unas cuentas que valen un mandato. Pero si el PSC no quiere adelantar las elecciones, menos le interesa a ERC, ya que Junqueras no podría ser aún candidato si no se aplica la amnistía. De momento, la aprobación de los presupuestos en el pleno del Parlament se ha colocado bien lejos, el 24 de abril. Para entonces es posible que Montero ya no sea ministra. Pasadas las andaluzas y aplicada la amnistía, se abre otra etapa hasta el final de la legislatura. Todo dispuesto para una polarización extrema entre derecha e izquierda.
