Comienza el juicio oral frente a Villarejo y dos periodistas por la trama del terminal de Dina Bousselham.
Caso Tándem
Antigua colaboradora de Iglesias en Podemos sostiene que
El excomisario José Manuel Villarejo en el momento de su llegada el pasado martes a la Audiencia Nacional en Madrid para comparecer ante el tribunal que procesa a la familia Pujol
El tribunal de la Audiencia Nacional procesa a partir de este lunes al antiguo comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, junto a dos reporteros de la desaparecida publicación Interviú, debido a la causa vinculada a la sustracción del teléfono de Dina Bousselham, quien fuera ayudante de Pablo Iglesias durante 2015, así como la presunta utilización de los datos almacenados en su terminal para dañar a Podemos.
La sección cuarta de lo Penal es la encargada de juzgar esta pieza del caso Tándem, la número 10, siete años después de su apertura, el 19 de marzo de 2019.
Junto al antiguo comisario, comparecen ante el tribunal quien fuera responsable de Interviú, Alberto Pozas, y el redactor Luis Rendueles, imputados por un cargo de descubrimiento y revelación de secretos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de prisión para Villarejo y 3 para los informadores. Por otro lado, el antiguo vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la propia Bousselham —quienes figuran en el proceso como acusación particular— reclaman 4 años para el primero y entre 3 y 4 para Rendueles y Pozas. Este último se vio forzado a abandonar su puesto de director general de Información de Moncloa tras resultar imputado en las indagaciones.
La investigación Dina se centra en los documentos descubiertos durante 2017 en las inspecciones a Villarejo, conservados en los ficheros DINA 2 y DINA 3. Los dos contenían datos del dispositivo de memoria que le sustrajeron a la antigua colaboradora de Pablo Iglesias dos años atrás.
Los dos periodistas enjuiciados están acusados de ser quienes entregaron a Villarejo parte de la información que contenía esa tarjeta, de carácter reservado y que había llegado a sus manos en enero de 2016.
Los reporteros, que afirmaron haber proporcionado a Villarejo la información por una orden policial, han mantenido siempre su inocencia y han asegurado en todo momento que no divulgaron datos obtenidos de esa tarjeta.
Según su versión, se la entregaron a Pablo Iglesias a través del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio y también en un requerimiento policial de Villarejo en el curso de una investigación, por lo que actuaron de forma legítima, ya que además desconocían que la tarjeta se hubiese obtenido de forma ilícita.
La Fiscalía cree por contra que ambos, entre enero y abril de 2016, entregaron una copia a Villarejo sabiendo que ésta tenía “documentos internos” de Podemos, datos bancarios y “documentos con archivos de carácter íntimo y personal” de Bousselham, según su escrito de conclusiones provisionales.
Una vez que dispuso de los datos y “con abuso de sus funciones” policiales, Villarejo facilitó esos expedientes a reporteros allegados para que “publicaran diversas informaciones en descrédito” acerca de Podemos y de Pablo Iglesias, de acuerdo con la Fiscalía.
Pablo Iglesias sostiene también que el robo de la tarjeta y la “circulación” de su contenido “tuvo el claro objetivo” de perjudicarle a él y al partido.