El juez Calama, de la Audiencia Nacional, acepta investigar el caso Plus Ultra
Tribunales
El magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió
Plus Ultra.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.
En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento en el que se indaga sobre una red que habría utilizado el rescate de la aerolínea venezolana por 53 millones de euros para blanquear dinero procedente de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. La pasada semana la titular de ese juzgado, Esperanza Collazos, se inhibió en favor del tribunal central.
En su día, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
En el 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
Después de más de un año de investigación, en diciembre pasado, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por Anticorrupción.
En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.
La tesis judicial es que el Gobierno español concedió en el 2021 un préstamo a Plus Ultra para su rescate por valor de 53 millones de euros, que el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, habría utilizado para devolver un préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro.
El contrato que habría firmado la aerolínea con estas sociedades daría cobertura, a su vez, según la investigación, a las devoluciones por parte de Plus Ultra. Esto se haría “en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”, según se recoge en una resolución judicial.
Según las pesquisas policiales, aquel préstamo salió de empresas enriquecidas con dinero proveniente de la corrupción venezolana, concretamente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela, a través de fondos públicos de programas de distribución de alimentos y de ventas de oro del Banco de Venezuela.
Según fuentes de la investigación, agentes encargados de las pesquisas habrían acudido recientemente a París, donde se encuentra el Parquet National Financier (PNF), la Fiscalía de delitos económicos, para recabar información que disponen sobre algunos implicados en la red. Para ocultar el origen de los fondos se habría utilizado una serie de empresas que habrían ido transfiriendo el dinero de un sitio a otro, pasando, entre otros lugares, por Francia, además de Emiratos Árabes o Panamá.
Francia ya había detectado movimientos sospechosos y de ahí que la PNF abriera su propia investigación. De hecho, fue la PNF la que alertó a España de esta operativa, a través de la cooperación internacional. En el marco de su investigación, había pedido a las autoridades judiciales españolas que colaborasen para llevar a cabo entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid y Tenerife, vinculados a las personas que presuntamente dirigen y colaboran con la red de blanqueo investigada.
Los investigadores tratan de atar el máximo número de indicios para demostrar que se trata de una red internacional de blanqueo. La jueza de Madrid que lo investiga, Esperanza Collazos, ya tiene claro que la complejidad del caso ha llegado a un punto que debe ser investigado por la Audiencia Nacional.
Además, desde hace unos meses, parte de la investigación se está dirigiendo hacia un empresario, Julio Martínez Martínez, que tiene vínculos empresariales con las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La causa actualmente se encuentra bajo secreto de sumario así que se desconoce hasta donde han llegado los investigadores sobre tales nexos. No obstante, desde hace meses, la oposición está haciendo ruido para intentar vincular a Rodríguez Zapatero en esta trama de corrupción. De ahí que el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, se está valiendo de la comisión de investigación del caso Koldo para arrastrar hasta allí a comparecientes presuntamente implicados en la trama, pese a que de sus intervenciones pocas revelaciones se esperan.
