El Ministerio del Interior deberá indemnizar con 334.000 euros a la viuda y los hijos de un agente de la Guardia Civil asesinado en 2018 en Granada en acto de servicio, después de que el condenado por esos hechos se declarase insolvente.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso presentado por la viuda y los hijos de José Manuel Arcos contra una resolución dictada por Interior en 2023 en la que negó el expediente administrativo iniciado para cobrar la indemnización.
Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018 cuando la víctima prestaba servicio junto a una compañera del puesto de La Zubia.
Los dos estaban de servicio, con sus armas reglamentarias, uniformados y a bordo del vehículo oficial ubicado en una rotonda de Huétor Vega. A las 4 de la madrugada pasó el condenado, que circulaba en un coche robado, realizó una maniobra sospechosa y provocó que los agentes decidieran seguirle y activar las luces policiales.
Después de la persecución y de un forcejeo, el acusado cogió el arma del agente, le disparó entre el abdomen y la ingle y le provocó lesiones por las que murió poco después.
Aunque la Audiencia de Granada, encargada de juzgar el asesinato del agente, fijó una indemnización de 334.000 euros, el acusado se declaró insolvente.
La viuda, representada por el letrado Javier López García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex, reclamó entonces esa cuantía a Interior como empleador de la víctima; una petición que ha conseguido ahora el aval de la Audiencia Nacional.
López García ha explicado a EFE que es la primera causa de estas características que se gana en España, una sentencia de la que también podrán beneficiarse otras cinco viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución.
Lo novedoso, asegura, es la aplicación también a las familias de los guardias civiles asesinados del principio de indemnidad, que implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas si el responsable directo del daño se declara insolvente.
Hasta este pronunciamiento de la Audiencia Nacional, Interior ha denegado los expedientes de resarcimiento tanto de la viuda e hijos del agente Arcos, como de las familias de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, guardias asesinados por Igor el Ruso en diciembre de 2017.
La sentencia de la Audiencia se aplicaría si es necesario en los casos de otros familiares de agentes asesinados como David Pérez y Miguel Ángel González, que fueron arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz), según el letrado.
También podrá beneficiar a la familia de Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil que fue asesinado cuando trataba de resolver un atrincheramiento en Santovenia (Valladolid) en 2022.