La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición de un vecino de Reus reclamado por El Salvador, que lo acusaba de haber cometido un delito de administración fraudulenta en una empresa farmacéutica veterinaria. Según ha informado Diari de Tarragona, la resolución concluye que su entrega al país centroamericano pondría en riesgo su integridad física y sus derechos fundamentales.
El caso comenzó dos años antes: el 15 de mayo de 2023, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de Madrid abrió un procedimiento de extradición tras recibir una solicitud formal de las autoridades salvadoreñas. Ese mismo día, el hombre fue detenido en Capafonts en virtud de una Notificación Roja de Interpol.
El hombre habría utilizado 275.000 dólares de los fondos de la empresa
Según los documentos enviados a España, la justicia salvadoreña le atribuía, junto con otras personas, el uso indebido de fondos de la empresa donde trabajaba. En concreto, se le acusaba de “utilizar fondos de la sociedad para pagar gastos personales, artículos de lujo, reembolsos de compras realizadas con tarjetas de crédito personales y la emisión de cheques a nombre de empleados”, por un importe de 275.285,11 dólares. El delito de administración fraudulenta, tipificado en el artículo 218 del Código Penal salvadoreño, conlleva penas de entre cinco y ocho años de prisión.
Sin embargo, cuando el caso llegó a los tribunales españoles, el Ministerio Fiscal se opuso a la entrega, advirtiendo del “riesgo cierto de vulneración de los derechos humanos del reclamado en el supuesto de acordarse su entrega a El Salvador”. La defensa del acusado se sumó a este argumento, apelando a su nacionalidad española y al derecho a un proceso con garantías.
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Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a ambas partes; los magistrados sostienen que “existe prueba sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega”. Y concluyen de forma contundente: “No puede garantizarse que la situación que se encontrará el reclamado una vez extraditado sea de pleno respeto a los derechos humanos, ni puede garantizarse su integridad física y vital”.
Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado que “las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática”. La Audiencia Nacional concluye, por tanto, que no existen garantías suficientes de que el ciudadano reusense reciba un juicio justo ni de que esté protegido dentro del sistema penitenciario salvadoreño, por lo que el tribunal determina que debe denegarse la extradición.