La historia comenzó el 21 de mayo de 2025, cuando la Policía Nacional detuvo en Tarragona a un ciudadano marroquí reclamado por las autoridades de su país. La orden había sido emitida por el Tribunal de Apelación de Nador, que señalaba al sospechoso como miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de personas y la inmigración ilegal hacia Europa. Ese mismo día, la Audiencia Nacional inició el procedimiento de extradición y decretó prisión provisional comunicada y sin fianza mientras se tramitaba la solicitud formal de entrega, según el Diari de Tarragona.
Poco después, Marruecos remitió toda la documentación requerida, incluyendo la orden internacional de detención, el relato de los hechos imputados y la normativa aplicable en su país.
Red compleja y funciones clave
Extradición y juicio en Marruecos
Según los documentos, el detenido formaría parte de una estructura formada por cinco redes independientes coordinadas desde la costa de Nador. Cada red tenía objetivos específicos, pero compartía recursos logísticos como embarcaciones neumáticas, motores, vehículos y almacenes donde se mantenían las embarcaciones utilizadas para transportar migrantes.
El acusado desempeñaba un papel central en la captación de migrantes, sobre todo de origen subsahariano, recurriendo a intermediarios a quienes pagaba para organizar la salida clandestina. La documentación detalla la coordinación entre redes y la jerarquía interna de la organización.
Durante el proceso judicial en España, la defensa del detenido alegó que la información enviada por Marruecos era insuficiente y que la orden de detención, emitida por la fiscalía en lugar de un juez, carecía de control judicial. La Audiencia Nacional desestimó estas alegaciones, subrayando que la documentación remitida era completa y cumplía los requisitos del convenio bilateral de extradición, detallando fechas, lugares y roles dentro de la red.
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La Sala también destacó que la fiscalía marroquí forma parte del poder judicial y actúa con independencia, por lo que sus órdenes de detención tienen plena validez legal. La función del tribunal español se limitó a comprobar el cumplimiento formal y material de la solicitud de entrega, sin pronunciarse sobre la culpabilidad del reclamado.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional autorizó la extradición del detenido, quien será juzgado en Marruecos por pertenencia a organización criminal, inmigración ilegal y posesión de mercancía extranjera sin título válido de origen.