La Audiencia Provincial ha confirmado la condena a una mujer que deberá abonar más de 35.000 euros a su exmarido por ocupar durante cinco años la antigua vivienda familiar sin autorización judicial. Según la sentencia, la mujer hizo un uso “exclusivo y excluyente” del inmueble pese a que una resolución anterior le había retirado el derecho a habitarlo.
El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la demandada y mantiene la obligación de pagar 475 euros mensuales desde enero de 2020, cantidad que equivale a la mitad de un alquiler estimado en 950 euros. A esa cifra se suman además los intereses legales, lo que eleva la indemnización final a más de 35.000 euros, según ha informado Última Hora.
Condenada a pagar 475€ por cada mes que pasó en la vivienda sin derecho a habitarla
La pareja, que compartía dos inmuebles en el momento del divorcio, había acordado inicialmente que uno de ellos se atribuyera a la mujer para la crianza de las hijas comunes. No obstante, una vez que las jóvenes se independizaron, el padre solicitó revisar la situación. En 2018, la nueva resolución judicial denegó la atribución de la vivienda a la mujer pero esta decidió seguir viviendo en ella sin autorización.
Dos años más tarde, en enero de 2020, el exmarido le envió un burofax reclamando el abandono del domicilio o, en su defecto, una compensación económica mensual de 475€. Ante la negativa de la mujer, el exmarido optó por la vía judicial.
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Durante el proceso, la mujer alegó que su permanencia en la vivienda había sido consentida argumentando que ambos eran copropietarios de otro inmueble que no se había alquilado porque no se pusieron de acuerdo en el precio de la renta. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó esa defensa al considerar que no había perjuicio económico en ese caso, ya que ambos podían hacer uso de dicho bien.
El tribunal ha remarcado además que la cuantía de la compensación se fijó tras una peritación que determinó que el valor real del alquiler del inmueble era superior al solicitado por el marido. Por ello, la Audiencia Provincial valida esos números y dicta que la mujer deberá indemnizar a su exmarido por haber ocupado la vivienda común durante años en contra de una orden judicial.