Santiago Laiglesia sopló ayer las velas de su 55.º cumpleaños entre rejas. Desde hace dos semanas permanece encarcelado en Brians 1 como presunto autor del asesinato de Helena Jubany, una joven bibliotecaria de 27 años que fue drogada durante dos días y posteriormente arrojada al vacío desde la azotea de un edificio de Sabadell por motivos que siguen siendo una incógnita. El 2 de diciembre del 2001, su cuerpo apareció con varias quemaduras en el cabello y en la ropa interior.
La investigación judicial quedó archivada en el 2005, pero el empuje de la familia y los avances en las técnicas de investigación han permitido reabrir un caso que avanzaba peligrosamente hacia la prescripción. En la causa hay dos imputados: Laiglesia y Xavi Jiménez, un amigo suyo que estaba enamorado de Jubany y al que ella rechazó. Aunque la jueza considera que pudieron intervenir más personas, la acción penal contra posibles terceros ha prescrito.
La unidad científica de la Policía Nacional encontró el pasado mes de septiembre ADN de Laiglesia en el jersey que vestía la víctima el día de su asesinato. En el 2001, las técnicas disponibles impedían hacer un análisis de este tipo. Por primera vez se ha obtenido una prueba directa que lo vincula con el crimen, lo que motivó que la jueza lo mandara a prisión preventiva. No obstante, Laiglesia siempre fue el principal sospechoso del asesinato. Existían numerosos indicios, pero una instrucción cuestionable fue incapaz de cerrar el cerco. El primer juez instructor denegó todas las diligencias que habrían permitido contrastar su coartada.
La actual jueza instructora intenta desmontar la coartada que dio el investigado hace 24 años
En el 2001, Santiago Laiglesia vivía junto a su pareja, Montserrat Careta, en el edificio situado en la calle Calvet d’Estrella, 48, de Sabadell, la finca desde donde fue arrojada Helena Jubany. Ambos eran compañeros de la víctima en la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Residían en el 3.º 2.ª, el piso que quedaba más cerca de la azotea, con lo que pudieron cargar el cuerpo inerte de la joven sin que nadie los viera. En su domicilio se hallaron una caja de cerillas como las que fueron utilizadas para quemar el cuerpo y dos cajas de Noctamid –benzodiacepinas–, el fármaco con el que fue drogada la víctima. Pese a ello, todos esos indicios solo sirvieron para incriminar a Careta, mientras que su pareja quedó al margen de la causa. La mujer fue detenida y encarcelada, y el 7 de mayo del 2002 se suicidó en prisión proclamando su inocencia. El primer instructor otorgó un peso decisivo a una prueba caligráfica que con el tiempo se demostró errónea o, cuando menos, de fiabilidad cuestionable.
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Helena Jubany recibió antes de su asesinato –el 7 de septiembre y el 9 de octubre del 2001– dos inquietantes anónimos junto a unas pastas y unas bebidas adulteradas con benzodiacepinas. El primero iba acompañado de una horchata, su bebida preferida. El segundo, de un zumo de melocotón que consumió y que la dejó inconsciente hasta el día siguiente. El primer mensaje la animaba a consumirlo todo; el segundo expresaba el deseo de volver a coincidir con ella en una excursión y mencionaba que buscaba un lugar en Sabadell para perfeccionar el inglés. El juez instructor ordenó entonces comparar la caligrafía de los anónimos con la de miembros de la UES, pero no los citó presencialmente para realizar la prueba, sino que utilizó como muestra las fichas de inscripción de la entidad, cumplimentadas a mano. El resultado arrojó coincidencia con la grafía de dos mujeres: Montserrat Careta y Ana Echaguíbel. Esta última había tenido una discusión con Jubany seis meses atrás y habían roto su relación de amistad. El juez las mandó a ambas a la cárcel. Los policías del caso discrepaban de la decisión de encarcelar a Echaguibel y, por el contrario, reclamaron la detención de Laiglesia, pero el juez la denegó “porque era abogado”, según explicaron en el programa Crims de TV3.
El juez finalmente imputó a Laiglesia, en julio del 2002. A pesar de que lo consideraba uno de los principales responsables del crimen, le dispensó un trato que contrasta con la severidad mostrada hacia las dos mujeres. El juez mandó una citación a Laiglesia para que se presentara al juzgado, pero los padres del joven intercedieron y le informaron de que comparecería unos días más tarde porque en aquel momento estaba de viaje en Canarias. Después su abogado solicitó retrasar la declaración argumentando que “padecía un trastorno depresivo por el fallecimiento de su pareja Montserrat Careta”. El juez lo aceptó “por razones de humanidad”. La declaración pasó a septiembre del 2002.
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El imputado se sometió el viernes a una prueba caligráfica; el primer juez de Sabadell la denegó
Durante su interrogatorio, Laiglesia explicó que el viernes 30 de noviembre, cuando desapareció Jubany, estaba solo en su despacho de abogados. Por la tarde fue con su novia a un partido del Sabadell al estadio de la Nova Creu Alta. Según el juez, la víctima ya estaba drogada en su domicilio. Al día siguiente, ambos se apuntaron a última hora a una excursión de la UES a Artés de la que se marcharon antes porque Careta se encontraba mal. Aquella noche, en la que Jubany fue arrojada al vacío, él dijo que durmió en casa de sus padres. El día 2 asistió por la mañana a una manifestación en contra de la construcción de un campo de golf. Ni el juez ni el fiscal contrastaron su coartada.
Ahora, 24 años después, la justicia intenta desmontarla. El pasado jueves declaró el organizador de la protesta contra el campo de golf, que reveló que la movilización apenas reunió a 15 personas y Laiglesia no estuvo allí. En el 2020, la familia Jubany contrató al abogado Benet Salellas, que consiguió reabrir el caso. Solicitó un estudio a la Policía Nacional que consistió en realizar un análisis facial del publico que acudió al partido de futbol del Sabadell gracias a las imágenes de televisión que retransmitió el partido. Confirmó que ni Laiglesia ni Careta estuvieron allí.
En noviembre del 2002, la Fiscalía y la familia Jubany reclamaron que Laiglesia y otros miembros de la UES –cuya coartada era contradictoria– se sometieran a una prueba caligráfica. El juez lo denegó advirtiendo que el primer análisis con las fichas de inscripción de la unión excursionista los descartaba. Después de su encarcelamiento, Laiglesia se sometió el viernes pasado a una prueba caligráfica.
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En el 2021, también hizo la prueba Xavier Jiménez, y el resultado fue positivo. Su letra encajaba con el primer párrafo del segundo anónimo. Aquella prueba se hizo después de que un perito informático contratado por la familia Jubany analizara el ordenador de la víctima, que nunca antes había sido revisado. El experto encontró varias similitudes de contenido entre los anónimos y unas conversaciones que la víctima había mantenido con Jiménez. En ellas, se hallaron referencias a cursos de inglés y a diálogos en los que el chico le expresaba su deseo de coincidir en las excursiones. Tras ese hallazgo, Jiménez fue imputado el 1 de diciembre del 2021, el día antes de que el crimen prescribiera para él. Jubany sospechaba que Jiménez era el autor de los anónimos. Así se lo comentó a una amiga en unos correos que constan el causa. Además, Jiménez sabía dónde vivía porque una vez la acompañó a casa tras salir a tomar algo. Jubany tomó una horchata. El primer juez instructor nunca lo investigó.
