La Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a la comercialización ilícita de gases fluorados en una operación en la que han sido detenidas cinco personas e intervenidos 48.000 kilos de este material sin la trazabilidad medioambiental exigida.
Los gases fluorados, denominados HFC o de efecto invernadero, se usan para refrigeración, proceden en su mayoría de China y sustituyen a los que ya están prohibidos por destruir la capa de ozono, por lo que tienen cuotas para su importación y distribución. Debido a esa alta imposición, las redes que trafican con gases han visto en ello un suculento negocio ya que compran el gas en China a un precio bajo y la venden en el mercado negro sin pagar el impuesto correspondiente.
Los gases fluorados se usan para refrigeración, proceden en su mayoría de China y sustituyen a los que ya están prohibidos por destruir la capa de ozono
Según han informado este viernes la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, la operación Summer se ha saldado con 11 inspecciones en nueve empresas ligadas a la trama en Alicante, Valencia y Madrid, donde han intervenido las 48 toneladas de gases y más de 4.700 envases que tendrían un valor en el mercado de tres millones de euros.
El uso y comercialización no regulada de estos gases refrigerantes suponen una grave amenaza para el equilibrio climático, por lo que están estrictamente regulados por la normativa europea.
Las tareas de investigación permitieron determinar que esta red criminal llevaba operando en territorio nacional desde 2023, dedicándose a introducir en el mercado español e internacional gases fluorados sin la correspondiente autorización ni control ambiental o fiscal.
Sociedades pantalla y transferencias internacionales
La investigación ha revelado importantes movimientos financieros vinculados a la red criminal, con operaciones económicas que superarían los diez millones de euros. Los beneficios obtenidos de la comercialización ilegal de estos gases habrían sido canalizados a través de sociedades pantalla y transferencias internacionales, con el objetivo de blanquear el dinero y dificultar su rastreo por parte de las autoridades fiscales.
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El dispositivo policial culminó con la detención de cinco personas, puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los delitos contra el medioambiente, contrabando, estafa, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.