Varios empleados terminaron lesionados luego de un altercado con reclusos en la cárcel de Huelva.
Sucesos
Las organizaciones gremiales señalan las agresiones de varios reclusos en el transcurso de la movilización de un reo problemático, al tiempo que Instituciones Penitenciarias minimiza la importancia de lo sucedido.
Centro Penitenciario de Huelva
Diversos trabajadores penitenciarios sufrieron heridas en el transcurso de un incidente sucedido el viernes en el Centro Penitenciario de Huelva, donde un conjunto de internos arremetió contra el personal después de que se aislara a un preso problemático. Las organizaciones sindicales CSIF y Acaip-UGT han definido el suceso como “grave” y advierten sobre la falta de seguridad en aumento en las instalaciones, al tiempo que portavoces institucionales afirman que el escenario “estuvo controlada en todo momento”.
De acuerdo con los informes difundidos por ambas entidades, los acontecimientos comenzaron cuando un recluso con antecedentes de violencia atacó “brutalmente” a otro interno del módulo 4, causándole lesiones que exigieron atención médica. El atacante, definido por los sindicatos como un preso de gran peligrosidad, habría buscado obligar su cambio a una sección distinta a través de la agresión.
Tras activarse el procedimiento de confinamiento estipulado para el atacante, una agrupación de entre diez y doce presos —identificados en el lenguaje carcelario como kies o líderes— mostraron una postura de rebeldía ante los empleados, desoyendo las instrucciones y levantando un bloqueo en la estancia común con mobiliario y útiles de limpieza. Conforme a las centrales sindicales, los internos igualmente arrojaron latas y otros proyectiles al personal, además de proferir intimidaciones de carácter serio.
Las tentativas preliminares de conciliación no tuvieron éxito, de modo que la gerencia de la institución instruyó la intervención. En el transcurso del vaciado de la estancia y la normalización de la situación, diversos empleados padecieron heridas menores debido a los forcejeos y los impactos. Al concluir, los reclusos abandonaron su postura y el sector quedó bajo control.
Sin embargo, informantes de Instituciones Penitenciarias contactados por Europa Press y EFE han aclarado que “no ha habido ningún motín” y que “no se ha perdido el control del centro en ningún momento”. Señalan que varios reclusos se opusieron por poco tiempo al desplazamiento del atacante a la zona de aislamiento y que “fue necesario emplear la fuerza física mínima imprescindible”, aunque recalcan que el suceso “no revistió la gravedad denunciada por los sindicatos”.
Los empleados solicitan mayores recursos y que se les otorgue la consideración de agentes de la autoridad.
Tanto CSIF como Acaip-UGT defienden una postura bastante diferente. Para los portavoces de los empleados, el incidente evidencia la escalada de conflictividad en los centros penitenciarios andaluces y la carencia de recursos humanos y técnicos para gestionar escenarios de peligro. CSIF ha exigido una “clasificación interior más rigurosa”, que evite que reclusos con dilatados antecedentes violentos sigan en módulos comunes, y responsabiliza a la Administración de “minimizar los hechos con fines políticos”.
Acaip-UGT, asimismo, ha vuelto a insistir en la necesidad imperiosa de que el personal de prisiones obtenga la condición de agentes de la autoridad, una reivindicación largamente solicitada por el sector, así como de contar con instrumentos defensivos actuales, tales como los dispositivos táser. La organización sindical afirma que la plantilla encara jornadas con actos violentos de forma cotidiana careciendo del amparo jurídico y los recursos pertinentes.
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Los dos colectivos concuerdan al señalar la escasez de personal en el complejo de Huelva —uno de los más masificados de Andalucía— y cuestionan lo que consideran una “política buenista” por parte de Instituciones Penitenciarias, fundamentada en la disminución de castigos y el empleo de normas de coexistencia “más teóricas que reales”.
Las organizaciones sindicales alertan que sucesos como el de este viernes podrían reiterarse si no se establecen “medidas contundentes” para asegurar la protección en el centro penitenciario, donde laboran más de 300 funcionarios y cumplen su pena más de un millar de internos.