La Justicia ordena a Atresmedia entregar a los creadores de 'Aquí no hay quien viva' información sobre su explotación
Hermanos Caballero
Los autores de la ficción consideran que el uso de la obra por parte del grupo audiovisual hasta ahora ha sido indebida y excesiva
AQUI NO HAY QUIEN VIVA
Tras casi 20 años desde su final, Aquí no hay quien viva sigue siendo una serie de moda entre el público. Sus creadores, los hermanos Laura y Alberto Caballero y Iñaki Aritzimuño, han expresado algunas preocupaciones en cuanto a la distribución de la ficción a lo largo de los años.
La serie sigue generando beneficios mediante retransmisiones en canales temáticos y venta a terceros, ya sea para canales de pago o para catálogos de consumo independiente. Por este motivo, sus autores consideran que la productora, Miramón Mendi, no ha respetado los acuerdos originales y en consecuencia, ha explotado la obra de una manera “indebida, no consentida y excesiva”.
Laura y Alberto Caballero
Según el medio Dircomfidencial, el Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid ha admitido la práctica de diligencias preliminares solicitadas por los tres ideadores, que exigen a Atresmedia la facilitación de información detallada sobre todas las formas de explotación de ANHQV desde su inicio en 2003 hasta la actualidad.
El mismo medio ha confirmado que estas mismas peticiones se hicieron en un auto en 2024 ante el mismo tribunal, el cual las admitió, y a las que Atresmedia presentó una oposición. El grupo audiovisual alegó que los solicitantes no tenían una intención legítima en su petición, ya que, al tratarse de una obra colectiva, los derechos de explotación les pertenecen en su totalidad.
Por su parte, Atresmedia consideró que el reclamo era “excesivo y desproporcionado” con falta de justa causa y mala fe en la solicitud. El grupo argumentó que la cesión de los contenidos a la productora no era limitada y que la obligación de informar que estipula el artículo 75 del RD-ley 21/2024 no era aplicable en este caso.
En contrapartida, los Caballero reiteraron la obligatoriedad de que los cesionarios sucesivos, en este caso Atresmedia, proporcionen información anual sobre la explotación del producto audiovisual. Finalmente, apuntaron a la presentación de informes incompletos y a la no existencia de servicios como el streaming en el momento del acuerdo original.