El 2 de diciembre del 2015, el centro de salud Inland Regional Center en San Bernardino, California, fue asaltado por dos tiradores fuertemente armados que causaron 14 muertos y 22 heridos. Los asaltantes huyeron, acabaron acorralados y murieron en el enfrentamiento con la policía. Se trataba del islamista norteamericano Syed Rizwan Faruk y de su esposa pakistaní, Tashfeen Malik. Ambos terroristas destruyeron sus móviles antes de morir pero, en un registro de su domicilio, el FBI halló un iPhone del que intentó extraer información. Después de llegar a una situación en la que el teléfono podría autodestruir su información por exceso de intentos fallidos de acceso, la agencia federal pide ahora a Apple que construya una nueva versión del sistema operativo que le permita abrir el móvil. El pasado 16 de febrero, la jueza Sheri Pym ordenó a Apple que diera “razonable asistencia técnica para que los agentes de las fuerzas de la ley consigan acceder a los datos” en el iPhone de Faruk. Apple se opone a abrir esa “puerta trasera” en sus móviles y ha abierto una batalla judicial. La discusión pública está encendida.
Para entender cómo se llega a esta situación hay que retrotraerse al verano del 2014. En el mes de junio, durante la conferencia anual de desarrolladores de Apple en San Francisco, donde la compañía reúne a miles de creadores de software para sus sistemas operativos, Tim Cook anuncia la llegada, a partir de septiembre, del nuevo iOS 8, el sistema que utilizan el iPhone y el iPad.
Aquella versión del sistema operativo era la actualización más profunda que Apple había hecho en su software desde que lanzó el iPhone en el 2007. Entre las muchas características del sistema, casi pasó desapercibido su fuerte sistema de seguridad, con una encriptación AES de 256 bits, prácticamente infranqueable. Por aquellos días, Cook ya avisó que, a partir de aquel momento nadie podría pedirles acceso a los iPhones, ya que con iOS 8 el encriptado de los datos depende de la clave de cada usuario y Apple no la tiene en su poder.
Comenzaron entonces numerosas quejas de responsables de fuerzas de seguridad, como el FBI, que se lamentaban de que acceder al sistema de mensajería del iPhone, denominado iMessage, es imposible. El sistema operativo de Apple, no era el único que había adoptado esas medidas de seguridad para preservar la privacidad de sus usuarios. También el sistema mayoritario, Android, de Gogle, empezó a activar por defecto una característica similar que ya había instalado.
Volvamos de nuevo al caso de San Bernardino. Al iPhone de Faruk, que ya estaba actualizado a iOS 9, la última versión, que utiliza el mismo sistema de seguridad que su antecesora. El FBI y agentes de policía del condado de San Bernardino resetearon la contraseña de Faruk para iCloud (el sistema de almacenamiento de archivos en la nube, en servidores de Apple). Ahí se guardan fotos, correos electrónicos, notas, agenda y otros documentos de cada usuario con una cuenta activada.
Según alegó Apple en el juzgado, “desafortunadamente, el FBI, sin consultar a Apple ni revisar su guía pública sobre iOS, cambió la contraseña de iCloud asociada con una de las cuentas de los atacantes, cerrando así la posibilidad de que el teléfono iniciara una copia automática de sus datos a una conocida red de wifi, lo que podría haber obviado la necesidad de desbloquear el teléfono y esa extraordinaria orden que el Gobierno busca ahora. Si el FBI hubiera consultado primero a Apple, este litigio nunca habría sido necesario”.
Pero ¿qué es lo que pide entonces el FBI a Apple? Básicamente, crear una nueva versión del sistema operativo que pueda ser cargada en el móvil de Faruk y saltarse la seguridad de iOS 9. Irónicamente, la compañía ha bautizado ese supuesto software como GovtOS (el sistema operativo del Gobierno).
Ese software debería permitir cargar un número ilimitado de contraseñas generadas por un ordenador sin que el iPhone activase su función de autoborrado después de 10 intentos fallidos. Apple afirma que lo que se les pide es crear un sistema “mutilado e inseguro”. Desde su punto de vista, “una vez se inicia el proceso, proporciona una avenida para los criminales y lo agentes extranjeros para acceder a millones de iPhones. Y una vez desarrollado por nuestro Gobierno, sólo es una cuestión de tiempo que los gobiernos extranjeros pidan la misma herramienta”.
Así que Tim Cook escribió una carta a los usuarios de Apple en la que explicó la necesidad de la encriptación para proteger los datos personales y empresariales de quienes usan los iPhones. Sobre el caso de San Bernardino, aclaró que Apple había colaborado con el FBI en sus investigaciones. “Lamentamos la pérdida de vidas y queremos justicia para todos los afectados”, aseguró. “No tenemos simpatía por los terroristas”, sentenció. El líder de la compañía cree que aunque el FBI argumenta que lo que pide se usaría sólo una vez, “eso, simplemente, no es verdad”. “Una vez creada –explica–, la técnica podría usarse una y otra vez sobre numerosos dispositivos”. Hay tribunales y policías que esperan el desarrollo del caso para pedir el desbloqueo de cientos de iPhones si gana el FBI.
El director del FBI, James Comey, asegura que sólo piden acceso al iPhone de Faruk en particular. “Simplemente queremos la oportunidad de poder adivinar la contraseña del terrorista sin que el teléfono se autodestruya y sin que nos demoremos una década en el intento. Eso es lo único”, apuntó. “No queremos destruir el cifrado de todo el mundo o dejar una llave maestra suelta por el mundo –comentó–. Tal vez el teléfono tiene la pista para encontrar a más terroristas. Tal vez no. Pero no podemos mirar a los supervivientes a los ojos, o a nosotros mismos en el espejo, si no seguimos esta pista”.
El debate ha llegado a la campaña de las elecciones primarias para la presidencia de Estados Unidos. Todos los candidatos se han puesto del lado del FBI, pero el republicano Donald Trump fue más lejos y llegó a pedir un boicot a los productos de Apple. Lo hizo mediante un tuit enviado con un iPhone, el iPhone de Donald, de momento infranqueable para nadie que no sea él mismo.