En una controvertida medida, el Congreso de Perú prohibió la semana pasada el uso de minifaldas, pantalones cortos, vaqueros y zapatillas a sus trabajadores y advirtió que vestir ropa “inadecuada” durante las jornada laboral en el Parlamento constituye una falta grave que podría ser sancionada.
Según varios medios del país andino, estas restricciones fueron comunicadas al personal de la cámara legislativa a través de un comunicado enviado por el área de recursos humanos y la administración del Congreso y mediante carteles ubicados en los pasillos del edificio.
La medida va dirigida a los 3.500 empleados de la institución, y no afecta a los parlamentarios
La medida en principio no va dirigida a los parlamentarios, sino a los 3.500 trabajadores de la institución, una de las más desacreditadas en el país por denuncias de corrupción y de actos irregulares.
A la congresista Susel Paredes, miembro del Bloque Democrático Popular, le pareció “rara” la prohibición cuando la Fiscalía investiga una presunta red de trata de personas en el Congreso tras la muerte en diciembre de una de sus exfuncionarias y, en paralelo, hay abierto un caso de otra trabajadora que tuvo una página para adultos en OnlyFans. “¿Vamos a convertir en un convento el Parlamento?”, se preguntó Paredes en declaraciones a América Noticias. “Muchas mujeres usan minifalda en el Congreso, no solo trabajadoras, también congresistas (...), no le falta el respeto a nadie”, añadió.
Precisamente, la Fiscalía de delitos de trata de personas de Lima acudió el pasado miércoles al Congreso de Perú para realizar la segunda inspección técnico policial en relación a la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, por el presunto delito de explotación sexual de trabajadoras bajo su cargo.
Según una denuncia periodística, Torres Saravia fue el presunto responsable de la contratación de mujeres jóvenes en esa oficina legislativa para ofrecer favores sexuales a los legisladores a cambio de su apoyo a las iniciativas del partido Alianza para el Progreso (APP), en el que milita el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
No obstante, la denuncia saltó a las portadas de los medios cuando se informó de que una de las extrabajadoras de la oficina liderada por Torres, la abogada Andrea Vidal (27 años), fue asesinada a consecuencia de un tiroteo cuando se trasladaba sola en un taxi por un distrito de Lima. En el incidente también resultó muerto el taxista.
En declaraciones ante la comisión de Fiscalización, Torres rechazó las acusaciones que lo vinculan con esa supuesta red de prostitución en el Congreso y aclaró que recomendó a la extrabajadora fallecida, hija de una exfiscal, por su perfil profesional.
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