La vida de las personas y de les instituciones es un camino de aprendizajes que han de servir para corregir los errores, hacer una revisión sincera de las actuaciones, y cambiar lo que sea necesario cambiar para poder mejorar. Este dinamismo no debería limitarse a la vida individual, sino que se agradecería mucho que también se practicara en la vida pública. Desgraciadamente, en la política hay pocos casos de reconocimiento de los errores, de asunción de responsabilidades y de pública voluntad de enmienda.
Si eso se echa en falta en el día a día de las pequeñas o grandes decisiones, todavía resulta más imperativo cuando se producen grandes desgracias o catástrofes, como la dramática tempestad que devastó muchas poblaciones cercanas a la ciudad de Valencia el 29 de octubre, y que designamos como DANA del País Valenciano.
“La dedicación a la actividad política solo puede ser entendida como un servicio”
La gestión anterior (prevención), durante (decisiones) y posterior (reconstrucción) de esta catástrofe de gran magnitud, tanto por el elevado coste en vidas humanas como en recursos materiales, debería obligar a una asunción valiente de responsabilidades políticas, de reconocimiento de errores y de cambios a diversos niveles.
Pero en estas líneas pretendemos centrarnos en la dimensión ética de la actividad política y en las consecuencias que se deberían seguir de una determinada forma de entender la política. La dedicación a la actividad política, es decir, la gestión de los asuntos comunes de la sociedad, sólo puede ser entendida como un servicio, como un acto de generosidad personal por la implicación que comporta y como una actividad de la cual se espera un elevado nivel de ejemplaridad.
Dos mujeres se abrazan en un municipio afectado por la Dana
Esta forma de actuar requiere una dosis significativa de humildad e implica entender, y saber explicar a la sociedad, que las instituciones y corporaciones públicas siempre son más importantes que las personas concretas que las gestionan, y que velar por su honorabilidad y reconocimiento social debe ser objetivo fundamental de quien tiene a su cargo su dirección o su responsabilidad principal.
Encontramos recogidas esas ideas en diversos documentos doctrinales, como el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia ($406, o $197), la Encíclica Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII ($63) o la Encíclica Laudato Sì (2015) del papa Francisco ($53-57). En esta última, por ejemplo, el Santo Padre denuncia la falta de responsabilidad política ante desastres ambientales y sociales, y exhorta a los líderes a actuar con justicia y responsabilidad, reconociendo sus errores y actuando para reparar los daños.
“Las instituciones y corporaciones públicas siempre son más importantes que las personas concretas que las gestionan”
Así, cuando se producen grandes desastres por causas naturales, que pueden tener un cierto punto de imprevisibilidad, el sufrimiento de la población se debe ver acompañado por un grado elevado de empatía y solidaridad, que en el caso de la DANA no se ha visto. En cambio, la solidaridad y la empatía han llegado a las personas damnificadas desde instituciones, entidades o personas a quienes no cabe atribuir ninguna responsabilidad por los daños causados por la tempestad.
No es lugar para dar lecciones a nadie, pero sí es momento de reflexionar y de aprender. Reflexionar, en el sentido de invitar a todos los que se sientan aludidos a examinar si, sinceramente, en la profundidad de su conciencia, creen que se hizo todo lo que estaba razonablemente en sus manos para prevenir o minimizar los daños, para gestionar con mayor agilidad y eficacia y con menos soberbia los recursos disponibles para atender a las personas damnificadas, y para asumir con ejemplaridad las responsabilidades políticas personales que le toquen. Una sunción de responsabilidades que no puede consistir tan solo en derivarlas hacia terceros o subordinados, ni en una desvinculación que parezca una huida.
“Cuando se producen grandes desastres por causas naturales (...), el sufrimiento de la población se debe ver acompañado por un grado elevado de empatía y solidaridad, que en el caso de la DANA no se ha visto”
El párrafo 2310 del Catecismo de la Iglesia Católica señala que los responsables políticos deben buscar la justicia y reparar cualquier daño que sus decisiones o negligencias hayan podido causar. También la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (1965) insiste en el principio de responsabilidad cuando afirma: “Es deber de los líderes promover un orden y responder por las consecuencias de sus decisiones políticas ($74).
Pero debería ser una asunción de responsabilidades que, a medio plazo, sirviera para reconciliar el sufrimiento de las víctimas con un concepto y un ejercicio de la política que también debe ser capaz de sufrir en sus propias carnes la injusticia, la brutalidad y la imprevisibilidad de un fenómeno que ha causado tanto dolor y tanta desgracia a la sociedad a la cual se sirve. Identificar con sinceridad los errores, hacer autocrítica y dejar paso. Aunque pueda parecer injusto, en términos personales.
* Autores del artículo: Rosa Maria Alsina Pagès, Albert Batlle, Josep Maria Carbonell, Eugenio Gay, David Jou, Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, Anna Pagès, Montserrat Serrallonga, Francesc Torralba