Una nueva guerra empresarial y política se ha vuelto a desatar por el cierre previsto de las centrales nucleares. Es la enésima batalla, cierto, solo que ahora estalla en plena cuenta atrás del apagón. En la extremeña Almaraz I, la primera de la lista, concurre un debate que no ha hecho más que empezar.
La central de Extremadura no hace solo de conejillo de Indias de un plan de desconexión que hace seis años era asunto cerrado y ahora ya no. La trifulca está ganando intensidad. En torno al apagón nuclear se da un fuego cruzado donde cada vez hay más bandos. El de las grandes eléctricas contra el Gobierno (y a la inversa). El de las eléctricas entre sí (con intereses empresariales en algunos casos contrarios). El del PP en el Congreso, con las significativas abstenciones de Junts y ERC, contra el Gobierno. El de los ayuntamientos afectados frente a los ejecutivos autonómicos. Y el de la industria nuclear frente a todos.
El tiempo de Almaraz se agota pero hay dudas de que puedan cerrar Ascó y Vandellós
Se reanuda la bronca mientras crece la incertidumbre sobre cómo se timoneará el futuro de las centrales. ¿Debe España replantearse el apagón que avaló en 2019 el primer gobierno de Sánchez? ¿Cerrar las nucleares equivaldrá a hacerse el harakiri energético si se demuestra que las alternativas en renovables no pueden garantizar un suministro suficiente y seguro las 24 horas del día? ¿Qué pasará cuando suba la demanda que necesitarán los centros de datos o el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Habrá que tirar del gas, más sucio y más caro?
Fotografía de archivo de la central nuclear de Ascó.
Spain is different en relación a una mayoría de países europeos. Se respira en el Viejo Continente un clima pronucleares. No solo en Francia o Gran Bretaña, sino también en Alemania o, por citar al último en sumarse al club atómico, en Bélgica. Los belgas están estudiando cómo reabrir parte de su parque nuclear con ayudas de la Comisión Europea, la misma que dio alas a esta fuente cambiando la taxonomía verde. La guerra de Ucrania ha revelado la dependencia europea del gas de Rusia y esto supone perder el control del suministro y de los precios. De modo que ahora hay quienes presentan a la energía nuclear como un instrumento de soberanía y seguridad energética.
En España los litigantes ponen a bailar las cifras sobre lo que costaría alargar la vida útil de los reactores y lo que costaría una subida de la luz. El Gobierno se escuda en que las eléctricas no han presentado solicitud para prorrogar su funcionamiento, algo que deben hacer tres años antes del cierre previsto. Ni el Ejecutivo ni las empresas propietarias de las centrales quieren ser el primero en mover ficha.
El tiempo para Almaraz I se agota, y no se ve marcha atrás pese los cruces de declaraciones entre la propiedad -el principal accionista es Iberdrola- y la ministra sucesora de Teresa Ribera, Sara Aagesen. Almaraz I se apagará en 2027. Más dudas se ciernen, sin embargo, sobre Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Sobre estas hay que tomar una decisión en 2028 como tarde. Parece una fecha lejana, pero el calendario corre deprisa con tramitaciones complejas.
Las centrales catalanas aportan el nada desdeñable 55% de la electricidad en su territorio. Ese porcentaje deberá garantizarse con fuentes alternativas para hacer factible la transición. Pero en Catalunya, precisamente, existe un clamoroso retraso en el desarrollo de proyectos que puede deslucir el apagón, cuando no desincentivar la llegada de nuevas industrias. En cualquier caso, sin nucleares, la solución del abastecimiento estará fuera del territorio catalán. Nada de soberanía energética.
Catalunya carece de algo que sí tiene Extremadura: no tiene a su míster Marshall ante el fin de la nuclear. Los extremeños abrazan ya un proyecto de gigafactoría en Navalmoral de la Mata. Pero ¿y Catalunya?
