La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha demandado a la promotora Last Tour por no haber abonado las cantidades derivadas de los derechos de autor de tres ejercicios, desde 2022 a 2024. Se trata de más de cuatro millones de euros, de los que la mitad corresponden a los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid.
SGAE es la sociedad encargada de recaudar esos ingresos en nombre de los afectados por el impago de Last Tour, entre los que se encuentran nombres tan conocidos como los de Sting, Leiva, Amaia, María José Llergo, Juan Luis Guerra o Rigoberta Bandini, entre otros.
Desde la SGAE explican que la relación con Last Tour es “complicada desde hace años”, con dos demandas previas, la última en 2019, que se terminó resolviendo a favor de los autores, pero “con el correspondiente retraso en el cobro”.
Origen del conflicto y detonante de la demanda
El actual conflicto se originó en 2022, cuando “comenzó otra vez un silencio muy prolongado”, denuncian desde la entidad de gestión colectiva, que comenzó a reclamar lo adeudado “en buen tono”.
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El detonante de la demanda, presentada ante el juzgado mercantil de Bilbao, fue el aviso por parte de la entidad de gestión colectiva BMI, la que opera en EE.UU., de que España era el único país del que aún no habían percibido las cantidades de Swift en concepto de derechos de autor, unos dos millones de euros.
Concierto de Taylor Swift en Madrid
Tras varias reclamaciones, se habría celebrado una reunión el pasado octubre en la que se puso sobre la mesa “una propuesta de acuerdo complicadísima”, señalan fuentes de SGAE, con posible arbitraje ante la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), pero no se llegó a acuerdo y se produjo la demanda.
Según EFE, Last Tour ha acusado a la entidad de romper esas conversaciones “de forma abrupta y unilateral”, comunicando su decisión de despegarse del planteamiento que ella misma había aceptado.
La respuesta de Last Tour
“Last Tour lleva años buscando un diálogo y entendimiento con SGAE, pero nunca ha sido posible, el camino siempre es el mismo: SGAE intenta imponer su tarifa abusiva y, si no lo logra, plantea una ofensiva realmente agresiva, siendo consciente de que cuenta con ingentes recursos para emprender una batalla judicial”, defienden desde la promotora.
Además, añade que denunciará en los tribunales las tarifas “abusivas” de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), cuya cuantía rechaza y niega que Last Tour no haya abonado derechos desde 2022, “incluso algunos de los conciertos citados”.
Sobre los conciertos de Swift, señalan que también esta promotora se encargó de los que la artista celebró en Lisboa y que “los derechos fueron abonados incluso antes de la celebración de los mismos, debido al entendimiento con la entidad de gestión portuguesa”.
Concierto de Taylor Swift en Madrid
Uno de los motivos de confrontación en esas citas tiene que ver con la disparidad entre los datos de SGAE y los que la promotora reportó, según subraya esta, “emitidos por terceros independientes y especializados en el servicio de venta de tickets”.
Sobre esta discrepancia, advierten que en el caso de las entradas VIP, estas incluían un precio base y un incremento. Esgrimen que la tarifa de SGAE “se aplica solo sobre el base”, mientras que el incremento “va ligado a contraprestaciones adicionales, como acceso o ubicación preferente, merchandising de la propia artista y otros”.
La promotora insiste en que la tasa que cobra SGAE a los promotores de espectáculos musicales en vivo “no está alinaeada con la de otros países del entorno”, como el 4,2% británico o el 5,75% de Alemania.
Concierto de Taylor Swift en Madrid
Desde que bajó del 10% hace una década, esta tasa en España es del 8,5% de cada entrada (del 7,65% para quienes además facilitan su labor y entregan la información sobre el repertorio que se ha interpretado en cada concierto).
En la misma línea, se ha destacado que “la brecha es aún mayor si se considera la tarifa de Estados Unidos”, país de origen de la artista, que es de un 1,15%. “Una de las propuestas de Last Tour es la aplicación de la tarifa de origen, lo cual mantiene incólumes los derechos de los artistas foráneos y no perjudica a los nacionales”, indican.
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Por su parte, SGAE replica que “cada entidad de gestión de cada país tiene su tarifa y los promotores de todos los países han pagado sin rechistar, incluso en lugares con tarifas superiores a la de la SGAE”.
Además, la sociedad recuerda que en propiedad intelectual hay un principio: “La ley que rige es la del país no de origen del autor, sino la de donde se produce el hecho que general el derecho”.