La madre del niño Gabriel denuncia amenazas de muerte de la asesina de su hijo desde la cárcel

Desgarrador. El relato de Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, no puede ser más descarnado. La mujer ha comparecido esta mañana para afirmar que ha vivido con mucho miedo tras llegarle noticias de que la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, amenazaba con matarla en conversaciones en la cárcel.

Patricia se siente totalmente desprotegida por el sistema y asegura que el trato de favor recibido en la cárcel por Quezada la ha convertido en una víctima por partida doble. Primero por el indescriptible sufrimiento causado por la pérdida de su hijo (tenía solo 8 años cuando fue asesinado) y ahora porque teme por vida “mientras ninguna institución ni instancia judicial está haciendo nada para protegerme”. Y repite: “No vivo, no me dejan vivir”.

Patricia ha comparecido ante la prensa en el pabellón Moisés Ruiz de Almería. El mismo lugar donde hace ya un año denunció públicamente que disponía de  información fiable para asegurar que Ana Julia Quezada tenía “uno o más teléfonos en su celda”. Ahora se investiga si obtuvo esos dispositivos, con la connivencia de funcionarios y trabajadores penitenciaros, a cambio de sexo.

“Ninguna institución ni instancia judicial está haciendo nada para protegerme; no  vivo, ni me dejan vivir”

En esta comparecencia ha llegado  acompañada por su psicólogo y amigo, el doctor Francisco Martín. Y lo primero que ha querido hacer es explicar por qué da este nuevo paso:; “Me siento obligada como ciudadana y en especial por todas las víctimas a las que nuestros asesinos se nos han convertido en famosas”. Sin olvidar en ningún momento a su “pescaíto”. “También lo hago como madre de Gabriel, porque a él siempre saldré a defenderlo“”.

El miedo que ha podido sentir, “y más tras saber que esta señora amenazaba con matarme desde la cárcel”, intenta ahora superarlo contando todo lo que sabe sobre la vida de Ana Julia Quezada en prisión. “Cuando las víctimas nos quedamos escondidas perdemos la capacidad de nuestros derechos”, ha dicho.

Su valentía está fuera de toda duda, pues tal y como se ha esforzado en destacar Patricia, si ahora se investiga ese tráfico ilegal de teléfonos en la cárcel a cambio de sexo, ha sido gracias a mí, no por la Guardia Civil” ni por otras vías. “Todo esto es fruto -ha añadido- de una denuncia donde yo aporto testimonios; ahí relato que había móviles dentro de la prisión, que se habían podido haber dado poderes judiciales para hacer movimientos fuera y que en los vis a vis se podría haber entregado dinero a esa señora”.

“Todo esto se ha sabido y es fruto de una denuncia en la que yo aporto datos y testimonios“”

Patricia asegura que el trato de favor dentro de esa prisión de Brieva con la asesina de su hijo queda demostrado por el hecho de que cuando se han hecho cacheos y registros esas operaciones han acabado sin rastro de esos teléfonos. “Yo también denuncio chivatazos para que no se encuentren esos dispositivos”, ha revelado.

Uno de esos aparatos en los que se sospecha -según declaraciones de la propia Quezada y su novia- podría haber imágenes de esos presuntos encuentros sexuales con trabajadores penitenciarios, “pudo haberlo tenido escondido en su casa el mismo funcionario que se lo entregó a la reclusa”, apunta Patricia Ramirez.

Ese trabajador está de baja y el cocinero, señalado como otro de los protagonistas de esta trama de cohecho (habría recogido ese teléfono de manos de la novia de Quezada) ya está jubilado.

“Esa señora decía que iba a hacerme daño porque le había quitado dinero al lograr detener el documental que estaba grabando” 

Sobre las presuntas amenazas de muerte vertidas por la reclusa contra la madre de Gabriel en conversaciones dentro de la cárcel, Patricia revela que ya presentó denuncia el pasado mes de diciembre. “Ella decía que iba a hacerme daño porque le había quitado dinero al impedir que continuara concediendo entrevistas”. Con esos móviles obtenidos de forma ilegal estaría recopilando material para un documental. Un proyecto que Patricia consiguió abortar.

Patricia Ramírez ha sido también muy crítica con la Fiscalía, a la que acusa de no haberla ayudado ni apenas escuchado cuando acudió a esa institución para relatar esas amenazas e irregularidades entre rejas. Tampoco está nada contenta con las asociaciones creadas, en teoría, para ayudar a las víctimas de delitos. Todo este drama, repite, lo ha vivido con mucha soledad.

Tras tener conocimiento de esas presuntas amenazas de muerte, esta mujer solicitó que se protegieran sus datos personales, que constan en la causa de este proceso. “Yo fui informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono y hasta la dirección de mi casa. Y toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido contacto directo con ella”, revela la mujer.

Cree que en toda esta historia habría implicados, al menos, cuatro funcionarios. En las diligencias abiertas por un juzgado de Ávila solo constaría, de momento, uno de ellos investigado por cohecho.