La Sindicatura de Comptes esperaba –hasta este jueves, en vano– que se investigara a la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) y algunas entidades concertadas. El órgano fiscalizador del sector público en Catalunya alertó en su informe al Parlament del año pasado de “irregularidades que podrían ser perseguibles por vía administrativa y judicial”. Y por fin ayer el PSC, ERC y Comuns pactaron una comisión de investigación.
Ni aquel informe ni las informaciones posteriores movieron entonces a actuar a los parlamentarios, aunque fuese por la notitia criminis, la revelación en la prensa de hechos presuntamente delictivos. De momento solo está judicializado el caso de la menor tutelada y violada, que ha sido toda una caja de Pandora en esta historia. Ahora las tres formaciones citadas piden que se ponga la lupa en la DGAIA desde el 2011 hasta hoy.
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La conclusión
“Indicios de delitos” de funcionarios y autoridades
La Sindicatura destapó “indicios de delitos”, que funcionarios y autoridades públicas trataron de enmendar con convalidaciones, prórrogas fuera de plazo y reconocimientos extrajudiciales de deuda, entre otras medidas que no les eximen “de las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir”. De confirmarse las sospechas, y con independencia del papel jugado por terceras entidades, la Administración resultaría afectada por acción u omisión, ya que podía delegar la gestión de los centros de acogida, “pero no la tutela de los menores, que seguía siendo suya”.
El informe de la Sindicatura abarca los años 2016 y 2020, cuando la DGAIA dependía del departamento de Treball, Afers Socials i Famílies (en la actualidad depende de Drets Socials). Los autores reconocen que no han recibido toda la información solicitada y “por lo tanto, se desconoce el coste de algunos servicios”. Además, los gastos varían de unos años a otros “sin justificación, lo que cuestionaría la corrección de los datos”.
Algunos centros de acogida de menores ni siquiera aparecían inscritos en el registro de entidades, servicios y establecimientos sociales, aunque este es un requisito sine qua non del decreto 205/2025. Otros mecanismos contratados por la Administración, como los relativos a los itinerarios de protección individualizada, se pagaron con un sobrecoste del 125%, “sin que se justificara el motivo de este importe más elevado”.
La detención del pederasta
Tales “irregularidades” (expresión que aparece repetidas veces en el documento, de 182 páginas, que se pueden leer íntegramente en este enlace) no afectan solo a la DGAIA y a algunas de las entidades en las que confiaba. El informe cita con nombres y apellidos “a la Fundació Privada Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles y las UTE o uniones temporales de empresas constituidas por ambas entidades”.
La Sindicatura, que presentará en los próximos días un nuevo informe, como ha confirmado este diario, cita también a Dolors Bassa, titular de Treball, que en el 2017 emitió una resolución en la que se daba por enterada de la deuda adicional contraída por la DGAIA con 153 centros por “86,6 millones de euros”. Los investigadores consideran que aquella resolución excedía los límites “que permitían los acuerdos de gobierno”.
Un centro para la atención a menores víctimas de delitos sexuales
La dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència, agrega el órgano fiscalizador de las licitaciones públicas, abusó de las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia, que solo está justificado “cuando las autoridades tienen que actuar de modo inmediato a causa de catástrofes, hechos que supongan un peligro grave o necesidades que afecten a la defensa nacional”.
A pesar de estas restricciones, en apenas unos años, del 2016 al 2020, se contrataron y se pagaron por este procedimiento servicios por un valor total de 292 millones de euros. La Sindicatura considera que no se daba ningún motivo legal para utilizar tanto esta vía y que se “sobrepasó con creces” la excepcionalidad prevista en las disposiciones administrativas, ninguneando otras formas de actuar más adecuadas.
Es imposible conocer los servicios prestados y el gasto autorizado”
¿Qué formas? Básicamente, el procedimiento de urgencia, previsto para casos que exijan una respuesta ágil, como la llegada de menores migrantes no acompañados. Pero dicha vía se ha de aplicar con mayor transparencia, “bajo los principios de publicidad y concurrencia”. Esta situación ha salpicado también al Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (CSSBcn), al que se acusa de actuaciones “sin amparo formal”.
El consorcio es una alianza entre la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (que aporta el 40% restante) para programas sociales y la atención, entre otros sectores, a la infancia y la juventud. El CSSBcn tampoco ha entregado toda la documentación solicitada por la institución comisionada por el Parlament o ha entregado “información contradictoria”, como admite la propia Sindicatura de Comptes.
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Las lagunas se refieren en especial a los documentos relativos a las ampliaciones de contratos, “lo que hace imposible tener constancia de los servicios prestados y del importe del gasto autorizado”. Estas “irregularidades” y controvertidas prórrogas, repitió el informe sin que el Parlament reaccionara hasta este jueves, también “podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente”.
La investigación del año 2024 se puede leer como el comienzo de una trilogía. La segunda parte es la denuncia de un educador social, a quien la Oficina Antifrau de Catalunya concede verosimilitud y que ha hecho aflorar presuntas anomalías en la gestión de la acogida residencial y las prestaciones económicas a jóvenes extutelados por la Generalitat. La tercera parte será el nuevo e inminente informe de la Sindicatura de Comptes.
