La Generalitat se personará como acusación popular en el proceso judicial por el caso de la menor víctima de una trama de prostitución y pederastia que sufrió abusos sexuales mientras estaba bajo la tutela de la dirección general de Atención a la Infancia (DGAIA). Así lo ha confirmado este jueves la consellera de Drets Socials i Inclusió Mónica Martínez Bravo en un acto en Balaguer (Lleida), que ha calificado del caso de “dramático”.
“Es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y esto lleva siendo evidente hace años”, ha apuntado la consellera. “Queremos llegar hasta el final”, ha avisado Martínez Bravo, que ha explicado que en lo que respecta a los problemas de contratación próximamente se hará público un plan de transformación. Además, ha reivindicado que el Govern ha sido el primero que ha intervenido.
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Martínez Bravo ya anunció este miércoles que “ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia” iba a comparecer en sede parlamentaria para detallar las conclusiones del expediente que ha abierto la DGAIA para esclarecer qué actuaciones se llevaron a cabo a raíz de este caso.
El objetivo del expediente es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección de los niños que son víctimas de violencia sexual.
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El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, afecta a una niña de 12 años que, estando bajo tutela de la DGAIA, habría sido violada en reiteradas ocasiones por un electricista que luego la ofreció a dieciséis hombres para que la agredieran sexualmente mientras él grababa las escenas. El juzgado investiga a otros 11 hombres a los que el electricista y principal acusado “ofreció” a la menor, a través de redes sociales, para que también la agredieran sexualmente en el mismo piso de Barcelona en el que él la violaba.
Fueron los propios educadores del centro en el que la niña vivía los que detectaron que la menor podía ser víctima de agresiones sexuales, activaron los protocolos correspondientes e instaron al padre -que seguía siendo el tutor legal de la víctima- a presentar una denuncia.