El 18 de marzo fue un día negro no solo para los húngaros y húngaras sino para toda la ciudadanía europea. Hace un mes y medio Hungría se convirtió en el primer país del mundo democrático en prohibir las manifestaciones del día del Orgullo. Lo hizo a través de una ley que impone sanciones administrativas a las personas que organicen o asistan a una reunión que “propague la divergencia de la identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad”. La Ley de Prohibición del Orgullo también autoriza el uso de la tecnología de reconocimiento facial para identificar y perseguir a las personas organizadoras y participantes.
La pregunta que seguramente todas nos hacemos es, ¿cómo puede ser que un Estado miembro de la Unión Europea prohíba la marcha del Orgullo LGBTIQ+? Pues probablemente porque antes de llegar a este día negro, ha habido muchos más que han pasado relativamente desapercibidos. En 2018 el gobierno de Hungría prohibió los estudios de género en programas universitarios acreditados por el Estado; 2020 fue el año de la prohibición del reconocimiento legal del género y la prohibición de la adopción de familias LGTBIQ+; en 2021 aprobó la Ley de medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos, que equiparaba a las personas LGTBIQ+ con la pedofilia, una iniciativa inspirada en la “ley anti-propaganda LGTB” que Vladímir Putin impulsó en Rusia el 2013 y que a la práctica comportó la prohibición de emisión de contenidos LGTBIQ+ entre las 5h y las 22h en cualquier medio de comunicación; la prohibición de anuncios donde aparecieran personas LGTBIQ+; la obligatoriedad de envolver los libros con contenido LGTBIQ+ y de retirarlos de las secciones juveniles de las librerías; y la ausencia de todo tipo de educación sexual integral en la educación pública.
Manigfestación del Orgullo en Budapest, en julio de 2021
Si bien es cierto que ante la ley antiLGBT húngara la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 16 Estados miembros de la UE iniciaron un proceso de impugnación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al reconocer que marginaba a las personas LGTBIQ+ y violaba el artículo 2 del Tratado de la UE que establece que “la Unión se fundamenta en los valores de respecto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos”, la sentencia no llegará hasta finales de 2025.
Eso sí, la Comisión Europea bloqueó 700 millones de euros de los fondos de cohesión para Hungría como medida de presión para derogar la ley. Medidas similares son las que se tienen que emprender ante la Ley de Prohibición del Orgullo y también la Ley de transparencia en la vida pública que se debatirá en el Parlamento húngaro a mediados de junio y que propone crear un “registro de organizaciones financiadas desde el extranjero” donde ONGs, empresas, universidades, medios de comunicación u organizaciones religiosas pueden ser incluidas en esta lista negra del Gobierno de Orbán.
Es urgente que el gobierno de España, y también la Comisión Europea, soliciten medidas cautelares al TJUE. La situación de Hungría, y que está siguiendo Bulgaria cuando aprobó en agosto de 2024 una ley contra “la propaganda LGTB”, está provocando las tasas de discriminación LGTBIQ+ más altas de la UE, tasas alarmantes de agresiones en las escuelas, de embarazos adolescentes, de vulneración y erosión de los derechos humanos y de los valores en que se fundamenta cualquier democracia.
De Hungría y Bulgaria extraemos dos aprendizajes. El primero: la capacidad de resistencia de los movimientos sociales, que a pesar de la persecución de toda la maquinaria del Estado levantan la voz y nos interpelan al resto de Europa para que reaccionamos ante la deriva iliberal; grito al que tenemos que responder participando del Orgullo de Budapest del 28 de junio, congelando fondos de cohesión, impulsando procedimientos de infracción ante el TJUE y desencadenando de una vez el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Y la Segunda: los derechos que han costado décadas de conseguir y que ahora ejercemos con normalidad no los podemos tomar por garantizados.
La internacional reaccionaria anhela acabar con la diversidad, con las diferentes maneras de ser, con la pluralidad del hacer y el pensar, en definitiva, anhela construir una sociedad conservadora y tradicional donde no haya espacio para la diferencia.
Ojo, porque los movimientos sociales de Hungría y Bulgaria nos alertan de lo que puede venir y buena parte de las conquistas que ha logrado el colectivo LGTBIQ+ puede verse amenazada si cae el gobierno de progreso y ganan los aliados de Orbán en España: PP y Vox.
El Orgullo no es solo un desfile festivo: es una declaración política, una victoria de derechos conquistados, una advertencia de que no daremos un paso atrás. Prohibirlo es acabar con los derechos y libertades de un colectivo que, contra todo, decide vivir sin miedo.