Ismael Molina tiene 27 años, vive con su madre en el piso dónde ocurrió todo y trabaja en una empresa de ciberseguridad en la que todos sus compañeros saben la verdad y le brindan su apoyo. Ismael mató a su padre a cuchilladas en un brote esquizofrénico hace seis años. A pesar de la estigma inicial, fue aceptado y arropado por sus compañeros. “Todos saben mi historia y me han apoyado mucho. Cuando llega una nueva persona al equipo se le explica y no hay nadie que haya reaccionado mal también porque cuento con el apoyo del resto”, explica el joven en una conversación con La Vanguardia. Lo mismo le ocurrió con su grupo de amigos. Al principio algunos lo rehuyeron, pero otros permanecieron a su lado. “Ese miedo se va disipando poco a poco y la gente se vuelve a acercar”, razona.
Silvia Ramírez, la psiquiatra que trató a Ismael cuando ingresó en prisión, en la unidad psiquiátrica penitenciaria de Brians 1 que gestiona el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, asegura que “la clave es empezar a abrir pequeñas puertas y psicoeducar al entorno” y si entra alguien nuevo en el grupo “poder explicar que cuentas con apoyo del resto “y eso te da un sustento. Al final todo lo que no conocemos nos da miedo”.
La psiquiatra presenta a Ismael como “un caso modelo”. “Llegó con muchos síntomas, sin consumo de tóxicos, era un primer episodio, aceptaba la medicación a pesar de no ser consciente de qué le ocurría, el trato fue muy amable, la recuperación fue bastante rápida y pudimos empezar a trabajar sobre la consciencia de la enfermedad y hablar del delito y que éste no te representa como persona”, detalla.
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“En este tiempo me he dado cuenta de que da más miedo la locura que el asesinato”, dice el joven
El día que cumplía 21 años, Ismael Molina acabó con la vida de su padre mientras éste dormía. Lo mató a cuchilladas después de creer que su progenitor trabaja para la mafia y quería hacerle daño a su madre y a su hermana. Al ser detenido mencionó a su novia Julia con la que hablaba por internet pero a la que nadie había visto nunca, con quien además había tenido dos hijos gemelos tras apenas 12 semanas de gestación y decía trabajar para los Mossos d’Esquadra. La película no era imaginaria sino que se la había montado una amiga suya, Alba, que había creado un personaje virtual que hablaba contínuamente con Ismael y le había hecho creer toda esta historia mientras afloraban los primeros brotes esquizofrenia. Ismael y su amiga fueron juzgados por la muerte del padre del joven y ambos quedaron absueltos. Alba porque no puedo probarse su culpabilidad e Ismael, porque a pesar de ser el autor de los hechos, el tribunal consideró que no era consciente de lo que hacía y le aplicó una eximente completa.
Ismael y su psiquiatra recuerdan que uno de los avances significativos para tomar consciencia de la irrealidad de su relato fue descubrir que era imposible tener hijos en tan solo 12 semanas. “Plantearle datos objetivos era algo que podía utilizar él para cuestionarse cosas. Le dije: hay cosas que son biológicamente imposibles”, recuerda. “Lo de los niños tumbó el resto”, rememora Ismael, como si a partir de ahí el castillo de naipes de su historia empezó a desmontarse.
La psiquiatra pone en valor que “desde el primer minuto” el joven se quiso poner a trabajar. “Yo quiero trabajar con todos los pacientes, pero hay momentos en que aún no están preparados o que no hay suficiente capacidad cognitiva para trabajar una serie aspectos, y en este caso, se pudo”, se felicita. Otro aspecto importante que favorecen su recuperación es que Ismael siempre ha contado en todo momento con el apoyo de su madre y de su hermana que, a pesar del dolor de la pérdida de su marido y padre, respectivamente, arroparon al joven y lo trataron como un enfermo y nunca como un homicida.
La psiquiatra forense que trató al joven asegura que su recuperación “es un caso modelo”
El camino, como es lógico, no ha sido fácil. Ha tenido que combatir el estigma entre su entorno y en el mundo laboral, donde fue rechazado en varias ocasiones. “En este tiempo me he dado cuenta de que da más miedo la locura que el asesinato”, apunta. “Hay gente que ha tenido relación con las personas violentas o con delincuentes y tienen más miedo de mi enfermedad. Lo que da miedo es lo que no entienden y no pueden controlar”.
A pesar de que la Audiencia de Barcelona no le impuso una pena de prisión, sí le ordenó el cumplimiento de una medida de seguridad que consiste en estar sujeto a un control psiquiátrico durante 19 años. Ismael acude periódicamente al Centro de Salud mental de su municipio y sabe que tendrá que medicarse toda la vida, aunque haya sido un juez y no un médico el que le haya indicado la duración el tratamiento. Ayer, el joven participó en la primera jornada sobre salud mental penitenciaria que organiza el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu y que abordó el debate entre cumplir con la ley y las necesidades asistenciales de los enfermemos mentales que cometen un delito.
Clamor sanitario contra el concepto “peligrosidad”
Durante la I Jornada de Salud Mental Penitenciaria, organizada por el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, los sanitarios hicieron ayer un llamamiento para cambiar el concepto peligrosidad que utiliza la justicia para valorar el riesgo de un enfermo mental condenado de volver a delinquir. Cuando un juez aplica una eximente completa contra una persona que ha cometido un delito porque considera que no era consciente de lo que hacía, – como en el caso de Ismael–también impone unas medidas de seguridad que solo se pueden modificar en función de la peligrosidad que represente el individuo y que suele ser el ingreso en un centro psiquiátrico durante un tiempo determinado. Las dificultades para valorar sobre la peligrosidad implica que personas que están ingresadas en una unidad psiquiátrica de la cárcel no puedan salir y ser trasladadas a un centro exterior. “Los clínicos queremos cambiar el concepto peligrosidad por valoración de los factores de riesgo porque nunca tendremos un riesgo cero, porque esto no lo tiene nadie”, apunta María Ribas, adjunta a la dirección de la red de Salut Mental del Parc Sanitari Según los datos, el 60% de las medidas de seguridad que se dictan se cumplen en unidades penitenciarias. “Cuando el riesgo disminuye, las personas con trastornos mentales continuar el tratamiento en recursos comunitarios”, argumenta Aitor Eneko Olivé, jefe de gestión de enfermería en Salud Mental del Parc Sanitari. Sin embargo, la fiscal de vigilancia penitenciaria, Susana López Sánchez, afirmó que no siempre es fácil de conjuar las necesidades asistenciales con lo previsto en la ley. “En muchas ocasiones lo que médicamente es mejor, a veces legalmente no puede ser aplicado”, zanjó.
