Tras años de tiras y aflojas y negociaciones fallidas, Zaragoza dejará de ser la única gran ciudad española fuera del sistema VioGén, destinado a reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Este martes, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de España para adherirse al programa tras aceptar que la Policía Local asumirá el 30% de los casos considerados de nivel bajo registrados en el sistema. Esta cifra duplica la que el equipo de gobierno popular pretendía aceptar en un principio.
“Agradezco que podamos haber encontrado ese punto de unión, así como la disposición para llegar al acuerdo. Ahora vamos a firmar el protocolo y se va a iniciar el proceso de formación de los agentes”, ha dicho la popular durante el Debate del Estado de la Ciudad que ha comenzado hoy, en el que también estaba presente el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
En base al último Boletín Oficial del Estado, Chueca ha explicado que los agentes locales tendrían encomendada la protección de 475 mujeres del total de 1.582 que figuran inscritas en estos momentos en estos niveles bajos.
VioGén
Con los últimos datos en la mano, la Policía Local asumiría la protección de 475 mujeres
Por su parte, fuentes de la delegación del Gobierno en Aragón han señalado que existe un documento que se va a llevar a la junta local de seguridad, “que es el órgano colegiado que lo aprueba”, y que hay “voluntad de cerrarlo cuanto antes”. “Ya es hora de que las mujeres de Zaragoza gocen de la misma protección que en otra ciudades”, añaden.
La historia de estas negociaciones se remontan a 2019, cuando el entonces alcalde y hoy presidente de la comunidad, Jorge Azcón, afirmó su compromiso por adherirse al sistema y que la capital de Aragón se integrara en el mismo. Sin embargo, la diferencia de opiniones sobre la carga de casos que debían aceptar los agentes locales ha dilatado el proceso durante años, con acusaciones cruzadas y varios anuncios postergados.
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En noviembre del año pasado, el propio Beltrán anunció que se firmaría de forma inminente tras convenir que el ayuntamiento asumía el 15% de los casos, pero la Secretaría de Estado de Interior echó para atrás el pacto.
Desde entonces, las negociaciones han seguido su curso hasta alcanzar ese 30% de casos de nivel bajo, un porcentaje que parece haber aceptado el Ministerio del Interior pese a estar por debajo del de otras grandes ciudades como Valencia o Valladolid, comprometidas a asumir el 50% de estos casos.
