El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso la reforma de la ley de dependencia y de discapacidad (ver el despiece), que incluye más derechos, más servicios, más prestaciones y menos burocracia para que los dependientes puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Esta reforma, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, habla de más ayuda a domicilio, de más apoyo en el hogar, de nuevas formas de convivencia, de una teleasistencia universal... “La reforma de estas leyes son las de mayor calado social de la legislatura”, ha señalado Bustinduy, quien defiende que estas normas establecen un nuevo modelo de cuidados público y de calidad centrado en las personas.
¿El problema? Que 18 años después de la puesta en marcha de esta ley, los dependientes siguen sin poder acceder con rapidez a los servicios actuales (largas listas de espera) y a los que acceden, como la ayuda a domicilio, es mínima (no llega a tres horas al día, de lunes a viernes, para los grandes dependientes), según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales extraído del ministerio de Bustinduy.
El nuevo modelo de cuidados deja dudas relativas a la financiación de las nuevas prestaciones
Las comunidades siguen soportando la financiación del sistema de dependencia, por mucho que el Gobierno de España haya intentado, desde el 2018, incrementar su aportación. Según datos de la asociación citada en el 2024, la inversión pública en dependencia fue de 12.843 millones de euros, de ellos, las comunidades financiaron de media, el 72,9%, con 9.365 millones de euros. Sin embargo, la aportación estatal fue el 27,1%, con 3.478 millones de euros. Bustinduy aclaró que a estas cantidades le faltarían unos 1.300 millones de euros, entre otros, de los fondos europeos de recuperación. El ministro reconoce que la financiación de la dependencia “monopoliza” el debate, pero es que las dudas sobre el coste de este nuevo modelo planea en el imaginario popular.
La reforma legislativa que ahora se discutirá en el Congreso de los Diputados incluye nuevos servicios en el catálogo, como cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como “cohousing”. También estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía (camas articuladas, sillas de ruedas eléctrica, andadores, asistentes de voz). E incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados para los dependientes con mayores necesidades de apoyo.
Reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I
La reforma legal reconoce la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas.
Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a personas allegadas (como vecinos, amigos...) respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia.
Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.
El nuevo texto introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II (severa) o III (gran dependencia) pueda recibir una prestación o servicio transitorio que se adapte a sus circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa, como podría ser la ayuda en el domicilio.
El servicio de ayuda en el domicilio amplía su actuación más allá del ámbito doméstico
Respecto al servicio de ayuda en el domicilio, se amplía su actuación más allá del ámbito doméstico. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra.
También amplía su actuación los centros de día, concebidos como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones.
Además, la reforma dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, algo que ahora se negaba.
Acceso universal
En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones...En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas.
