Un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hace una radiografía demoledora sobre la crisis de la República Bolivariana de Venezuela, que “afecta a los segmentos más pobres de forma desproporcionada”. El documento, que se puede leer íntegramente en este enlace, insiste en que las carencias de todo tipo (sanitarias, educativas y de libertades políticas) repercuten “en el bienestar económico, físico y mental de las personas, en especial en las de rentas más bajas”.
Y si eso es así para la ciudadanía en general, ¿cuál será la situación de los más vulnerables entre los vulnerables? ¿Cómo viven las comunidades aborígenes de la selva?, se pregunta la oenegé Survival International, que hace de la lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales su razón de ser. La respuesta es desalentadora: la desnutrición, la falta de atención médica y la minería ilegal, que avanza gracias a la inacción del Gobierno, los están diezmando.
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El panorama es especialmente preocupante en los territorios ye’kwana y sanemá, una rama de la familia yanomami. Survival calcula que unos 15.000 yanomamis viven en 300 comunidades en Venezuela. Grupos aún más importantes viven al otro lado de la frontera amazónica, en Brasil, donde su situación también es muy delicada, como explicó recientemente en Barcelona un respetado líder indígena, Davi Kopenawa. Pero lo que pasa entre sus parientes venezolanos hace saltar todas las alarmas.
La ONU señala el agravamiento de los problemas indígenas en los estados de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Sucre, donde la exposición a la malaria, la tuberculosis y el sida avanzan por “la falta de medicamentos y suministros médicos”. Hay centros de salud comunitarios “sin material básico ni equipos, ni siquiera los de diagnóstico. Los servicios de urgencias”, denuncia el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, están “a cientos de kilómetros y sin transporte disponible”.
El informe del Alto ComisionadoTres pinceladas sobre la situación del país
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El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abarca el período comprendido entre el 1 de mayo del 2024 y el 30 de abril del 2025. En esos meses “los cortes eléctricos y la escasez en el suministro de agua potable fueron recurrentes en todo el país”, sobre todo “en los estados de Zulia, Mérida y Falcón”. El promedio diario de tiempo sin electricidad ha llegado a ser de más de 14 horas; y la media de apagones mensuales, “de 42.812”.
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“La ausencia de profesores, la suspensión de clases y la falta de recursos económicos para el alumnado” fomenta la asistencia irregular, que fue “del 48% en el nivel básico”. El ingreso mínimo integral ha aumentado, pero sigue siendo “insuficiente para la cesta de la compra”. Los pacientes en espera de trasplantes denuncian “la falta de medicamentos vitales en las farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su alto coste en las farmacias comerciales”.
3El documento, que reprocha las sanciones internacionales porque “exarcerban los problemas preexistentes en el país”, denuncia “violaciones de los derechos humanos” y “cierres de emisoras de radio y detenciones de periodistas y trabajadores de medios de comunicación”. Y también el “aumento de las restricciones del espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria de voces disidentes”, que a veces no son más que simples “manifestantes u observadores de las protestas”.
El informe lamenta que “la falta de demarcación de los territorios indígenas fomenta la minería ilegal, así como la presencia de organizaciones delictivas y grupos armados no estatales”. Todo ello se traduce en “extracciones clandestinas, degradación medioambiental, contaminación del agua, enfrentamientos violentos y desplazamientos forzosos de indígenas”. La búsqueda de oro ha llegado hasta el parque nacional de Cerro Yapacana, en teoría “libre de minería”.
El Alto Comisionado cita, aunque sin revelar su identidad, el caso de un defensor medioambiental y guardián territorial ye’kwana, asesinado a golpes el 4 de septiembre del 2024 “a manos de individuos no identificados”. Survival precisa que era Joaquín Hernández y su caso no es único. Según la oenegé, los mineros ilegales, los narcos y los sicarios también actúan en otros territorios indígenas, como el de los uwottüjas. Un guardián de esta etnia, Virgilio Trujillo, fue asesinado en el 2022.
Los contrastes de la Amazonia
A Naciones Unidas le preocupa “el retraso en las investigaciones de los asesinatos y de otras violaciones contra los indígenas”. No hay tiempo que perder, señala Survival: “La desnutrición es generalizada, especialmente entre niños y mayores”. La seguridad alimentaria de los yanomamis, dicen sus portavoces, “se ha deteriorado. Muchos, debilitados por brotes recurrentes de tuberculosis, paludismo y neumonía, han visto mermada su capacidad para trabajar en sus huertos o para pescar y cazar”.
El Ejército venezolano se jactó en junio de destruir avionetas y depósitos de mineros ilegales en Haximú, en el valle del río Demini, entre la Amazonia venezolana y la brasileña. Esta zona es tristemente famosa porque en 1993 buscadores de oro masacraron a 16 yanomamis, incluidos bebés. Survival y SOS Orinoco cuestionan la respuesta militar y denuncian que entre el 2020 y el 2022 los campamentos de garimpeiros (como los llaman en Brasil) pasaron en esta región de 40 a 80.
Una mujer yanomami con tuberculosis y desnutrición
No es casual que la señora de la imagen de arriba o del agente de salud local de Mavaca, en la parroquia del municipio del Alto Orinoco, en el video que encabeza esta crónica, aparezcan con el rostro pixelado. Las fuentes consultadas por La Vanguardia reconocen que “es muy complicado denunciar: los yanomamis y quienes les apoyan in situ en Venezuela temen las represalias que puedan sufrir por parte del Gobierno, que castiga la disidencia y detiene a quienes lo critican, como admite la ONU”.
Lo peor de todo es que no estamos ante una maldición bíblica. “La malaria y la tuberculosis son tratables si se diagnostican a tiempo”, concluye Survival, a pesar de que más de medio millar de integrantes de este pueblo fallecieron entre el 2022 y el 2024 “por enfermedades tratables”. No hace falta ni siquiera que sean dolencias graves. Siglos de aislamiento hacen a los yanomamis extremadamente vulnerables ante virus comunes como la gripe o el sarampión, para los que no tienen anticuerpos.
