Madrid, Catalunya y la Región de Murcia son, por este orden, las comunidades que menos han aumentado su inversión social por habitante. En el conjunto de España la inversión media en este capítulo (“gasto medio”, dice el informe) fue en el 2024 de 3.277 euros por habitante y año. Cuatro autonomías invirtieron menos: las tres ya citadas y Andalucía, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Este organismo fue creado en 1994 y agrupa a 200 portavoces cualificados (trabajadoras sociales, psicólogos, sociólogas, educadoras y juristas con años de experiencia y puestos de responsabilidad en instituciones y centros asistenciales). Son testigos de lo que denuncian y periódicamente realizan desde su privilegiada atalaya informes que son auténticas radiografías, como la del Observatorio Estatal de la Dependencia.
Su último estudio analiza la inversión por comunidades del 2019 al 2024 y denuncia que el recorte en el 2024 fue de 2.364 millones con respecto al 2023. Los precedentes eran poco propicios, marcados por el descenso iniciado en el 2010, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se asentó con los sucesivos ejecutivos del PP. Bajo la presidencia de Mariano Rajoy, en el 2013, se registró el nivel más bajo.
Ese año las autonomías destinaron menos de 100.000 millones de euros en “políticas esenciales”, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. En los años siguientes, después de la gestión de la pandemia, esa cifra se disparó hasta los 159.394 millones del 2023. Aumentó, sí, “pero la evolución del aumento fue muy desigual”, lamenta el informe. Por ejemplo, en Madrid, el farolillo rojo, la subida fue de solo 381,3 euros por habitante.
Catalunya tampoco puede vanagloriarse: su incremento fue superior al de Madrid en apenas un euro y cinco céntimos. Su aumento total de 382,8 euros del 2019 al 2024, bajo las presidencias de Quim Torra y Pere Aragonès (Salvador Illa accedió a la Generalitat en agosto del 2024) está muy lejos del aumento medio de 658,1 euros que se registró en el conjunto del país. Son subidas tres veces inferiores a las de otros territorios.
El oro en este podio fue, por ejemplo, para Navarra (1.174,3 euros), junto a Extremadura (plata, con 1.132,6) y Asturias (bronce, con 967,8). Dicen los escépticos que la estadística es esa ciencia según la cual si A se come un pollo y B ninguno, entre ambos se han comido medio. Los gráficos de Asociación Estatal de Directoras y Gerentes (cien en un estudio de 59 páginas) ofrecen resultados muy dispares, en función de la perspectiva.
Murcia fue la comunidad que más aumentó la inversión social en el 2024, a la que destinó el 64,7% de su presupuesto. Partía, sin embargo, de tan abajo que si se mira la inversión por habitante está la cuarta por la cola, con 3.259,9 euros (la media española es de 3.277,1). Peor están Andalucía (3.158), Catalunya (2.940) y Madrid (2.702), que destinan entre 1.800 y 1.200 euros menos por habitante y año que las mejor posicionadas.
En el otro extremo se hallan Navarra (4.500), País Vasco (4.343) y Extremadura (4.124). Un dato ilustra estas disparidades: más de 1.797 euros por habitante y año separan la comunidad que más invierte (Navarra) y la que menos (Madrid). Volvamos a la idea del medio pollo... Los presupuestos en políticas sociales mantuvieron una curva descendente entre el 2009 y el 2013, cuando iniciaron una tendencia al alza ininterrumpida.
El lenguaje
'Invertir' en armas, 'gastar' en personas
Ni siquiera la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se libra de las trampas del lenguaje. Cuando se trata del presupuesto militar, es habitual decir que hay que invertir en defensa. Por el contrario, cuando son partidas sociales, se habla de gasto. Destinar dinero a la sanidad, la educación y los servicios sociales, sin embargo, es la mejor de las inversiones, como se desprende del propio informe de esta institución, aunque a veces utilice una expresión con la que ni ella comulga.
Sin embargo, en términos relativos los presupuestos sociales experimentan en realidad una tendencia decreciente desde el 2010, cuando el porcentaje para sanidad, educación y servicios sociales fue del 67,4%, mientras que en el 2024 fue del 59%. Si el tanto por ciento no hubiera bajado, se hubieran invertido ese año 17.000 millones más de los invertidos. Pero hay algo invariable, se adopte el punto de vista que se adopte...
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Catalunya casi siempre está mal posicionada. Desde el 2009 todas las comunidades han elevado sus inversiones sociales; las que más: Baleares, un 72%; Navarra, un 57%; y la Comunidad Valenciana, un 52%. ¿Y cuáles las que menos? Castilla-La Mancha (16,3%) y Catalunya (la última, con un 12,2%). Madrid y Catalunya, con 10,5% y un 8,6%, respectivamente, son también las que menos aumentaron sus inversiones en sanidad.
Las oscilacionesEl dinero autonómico de áreas esenciales
1Sanidad. El mayor descenso se produjo del 2012 al 2024, cuando esta partida pasó de significar el 37,3% del presupuesto total al 30,9%.
2Educación. En el 2010 recibió prácticamente un 24% del presupuesto total; catorce años después, ese tanto por ciento se redujo al 20,4%.
3Servicios sociales. Esta es la única área que ha visto incrementar su porcentaje de los presupuestos autonómicos, aunque de forma mínima: en el 2024 solo cinco décimas más (7,8%) que en el 2011.
La pandemia demostró la importancia de la sanidad, educación y servicios sociales. El incremento que se les destinó entre el 2020 y el 2024 fue del 14,5%, “mientras que en el resto de políticas fue del 62%, 4,5 veces más”. La conclusión está clara: la pérdida de peso de la inversión social en las comunidades autónomas. O dicho de otro modo: “Los presupuestos de las comunidades autónomas son cada vez menos sociales”.
Prácticamente todas las comunidades han aumentado su presupuesto en sanidad en el último quinquenio (aunque sea por debajo del 22% de la media española). El caso de Murcia es llamativo porque es “la única que redujo su inversión por habitante en 18,3 euros”. En ese periodo, el aumento registrado en Catalunya fue de 50,6 euros y en Madrid de 93, 7, muy lejos de los más de 500 euros de Extremadura, Asturias y Aragón.
