Los estudiantes de universidades públicas han dado la voz de alarma: muchos jóvenes no pueden ir a la universidad que desean porque no pueden pagar el precio del alquiler de una vivienda. Urgen un plan que contemple residencias a precios públicos, ayudas a los alquileres y regulación de precios en ciudades universitarias.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) estima que los precios de la vivienda se ha incrementado un 14% en el último curso. El coste medio de una habitación es de 600 euros en Barcelona y 550 en Madrid.
Una habitación en Madrid y Barcelona cuesta entre 550 y 600 euros, y la plaza en una residencia, más de 1.000
“Para miles de jóvenes, elegir universidad ya no depende de su vocación académica ni de la oferta educativa, sino del precio del alquiler en cada ciudad, lo que supone, a su juicio, “una amenaza directa a la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior”.
En estas dos ciudades, donde se concentran las mejores universidades según los rankings internacionales, no solo es difícil encontrar una habitación a un precio asequible para los ingresos de una familia media, hay pocas plazas residenciales, ni públicas ni privadas. Y tampoco son baratas. Según Creup, las residencias universitarias “se encuentran prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97%, mientras que sus precios en muchos casos superan los 1.000 euros mensuales”.
La escasez de plazas públicas, unida a la especulación en el mercado de residencias privadas, deja a los estudiantes sin alternativas asequibles, asegura la coordinadora. Por ello, reclama de manera urgente la puesta en marcha de un plan nacional para ampliar la red de residencias públicas, la aplicación de medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler en las ciudades universitarias y el incremento de becas y ayudas específicas que compensen los elevados costes de alojamiento.
Protestas el primer día de curso
Dos protestas coincidieron ayer, primer día de curso escolar, en Barcelona y Salt. Por una parte, un centenar de profesionales de personal laboral docente se concentró delante del Departament d’Educació exigiendo el pago “immediato” de la regularización de la nómina y los estadios que, a diferencia del personal funcionario, no cobran. UGT, CC.OO. y Ustec señalan que las funciones son las mismas. Por otra parte, unas 250 personas han protestado en Salt por el recorte en educadores sociales en este municipio y en Figueres. Según exponen, Educació ha cerrado 85 plazas existentes y ha creado 60 nuevas con un plan piloto. El departamento alega que el programa de complejidad estaba financiado con fondos europeos, por lo que ha tenido que crear otro.
Algunas comunidades autónomas contemplan ayudas específicas para la residencia, pero otras no. Aquello que no pueden pagar los precios en la ciudad se van a localidades del extrarradio que no siempre están bien conectadas, dependen del transporte público con el coste en tiempo añadido.
“La crisis habitacional estudiantil no puede seguir abordándose con soluciones parciales. Es imprescindible una estrategia coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, en la que el estudiantado esté presente y tenga voz”, señalan en la coordinadora.
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El informe Via Universitaria 2025, publicado por Xarxes Vives, recoge que seis de cada diez estudiantes universitarios viven con sus padres, tres están emancipados, pero compartiendo piso, y son muy pocos los que van a residencias (3,3%). El estudio, con datos de 22 universidades en cuyos territorios se habla catalán, pide priorizar alternativas a la financiación familiar para asegurar la igualdad de oportunidades, independientemente de las condiciones económicas de los padres.
