El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicado este viernes un informe que analiza el funcionamiento de los programas de apoyo a la emancipación de los jóvenes extutelados y la gestión llevada a cabo por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ahora refundada bajo el nombre de Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA).
Este nuevo informe revela disfunciones e irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas y de vivienda destinadas a jóvenes extutelados, es decir, aquellos que deben abandonar el centro de menores al cumplir los 18 años. La investigación parte de las quejas de trabajadores y de la denuncia de un educador social —hoy testigo protegido por la Oficina Antifrau y entrevistado por este medio—, que señaló presuntas malas prácticas y abusos por parte de entidades como la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles–Fundació Resilis, responsables del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica (Sevap).
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Según el informe, estas disfunciones se producen en un contexto marcado por el aumento de menores migrantes solos en situación de desamparo, un incremento que no ha venido acompañado del refuerzo de personal necesario para su atención y acompañamiento.
Hasta diez meses para la tramitación de una prestación económica
El Síndic ha analizado las consecuencias de un funcionamiento deficiente, derivado de la escasez de recursos y la ausencia de herramientas adecuadas para fiscalizar las ayudas concedidas. La institución ha remarcado el retraso en la resolución de las solicitudes de prestaciones, cuya media supera los diez meses, provocando que los jóvenes no tengan garantizada una cobertura para cubrir sus necesidades más básicas. También ha señalado que el primer pago llega, de media, ocho meses más tarde de lo que tocaría.
Por otra parte, se han constado pagos indebidos a jóvenes extutelados que ya no cumplirían con los requisitos para recibirlos. De hecho, Drets Socials reconoció recientemente el pago de 167 millones de euros indebidos en prestaciones sociales, desde el año 2016, de los cuales solo un 2% hacen referencia a los extutelados, entre el 2019 i el 2022.
Al cumplir los 18 años
Un 80% de los extutelados no reciben la prestación para emanciparse
Pese a todo, un 80% de los jóvenes extutelados de 18 a 23 años que alcanzaron la mayoría de edad dentro del sistema de protección no reciben prestaciones económicas, según el informe. La cifra no significa que todos los que no las perciben las necesiten, puntualizan desde la institución. En el caso de las prestaciones del servicio de vivienda, solo el 20,6% de los extutelados de 18 a 21 años que cumplieron los 18 dentro del sistema las recibían.
Los importes recibidos oscilan entre los 6.800 y los 36.400 euros, y la mayoría de jóvenes no tiene la capacidad económica para devolver dichas cantidades. La falta de recursos y la lentitud en la gestión administrativa a la hora de cerrar expedientes ha hecho impulsar la condonación de los pagos por parte de la Conselleria, tal y como anunció la consellera Mònica Martínez Bravo.
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El informe expone ejemplos analizados de jóvenes que realizaban alguna actividad laboral incompatible con el cobro de la prestación o que, a pesar de residir fuera de Catalunya, continuaban recibiéndola; derivaciones accesorias entre servicios que retrasaban la extinción de la prestación; plazas residenciales ocupadas, pero con un uso mínimo o esporádico o casos en los que no se ha efectuado el copago del servicio de vivienda, a pesar de corresponderles por su nivel de ingresos.
Además, la síndica ha constatado que “en numerosos casos” los jóvenes ya habían alertado a la Administración de que no les correspondía percibir dichas prestaciones. En definitiva, la institución concluye que en los últimos años ha habido una gestión deficitaria de los recursos públicos, que se suma a la falta de herramientas adecuadas para fiscalizar los expedientes y comprobar el cumplimiento de los criterios, así como un mayor control sobre la labor de las entidades gestoras, en un contexto de alta externalización.