Catalunya reducirá el proceso de valoración de la dependencia de un año a dos meses
Reto ambicioso
En noviembre cuatro centros sanitarios iniciarán una prueba piloto del nuevo itinerario
Una cuidadora, con una persona dependiente en un parque de Barcelona
El comité de evaluación, innovación, reforma operativa y sostenibilidad del sistema de salud, conocido como Cairos –que asesora al departament de Salut de la Generalitat y que preside el doctor Manel del Castillo, director gerente del hospital Sant Joan de Déu– continúa buscando fórmulas para mejorar el sistema de salud actual. Si en julio el Departament ponía en marcha, a propuesta de este comité de expertos, 27 centros de salud integral de referencia (conocidos como CSIR, que suponen la evolución de los CAP de toda la vida), este noviembre arrancará una prueba piloto en cuatro de estos CSIR (los dos de Castelldefels y los dos de Vic) para reducir el proceso de valoración de la dependencia del año actual (a veces se alarga más tiempo incluso) a entre uno y dos meses. Sin duda, un reto ambicioso. “No será fácil alcanzarlo, pero creemos que podemos conseguirlo”, explica a La Vanguardia Del Castillo.
Hay tres niveles de dependencia (del 1 al 3) y cada uno tiene asociado un grado de ayuda distinto. Hoy, para realizar el proceso de valoración de un ciudadano, el tiempo estimado se alarga hasta el año o el año y medio. Y Salut, a instancias de Cairos, quiere reducirlo a, como mucho, dos meses.
Pero, ¿cómo? Realizando la gestión en un único acto conjunto (que puede traducirse en un par de visitas a lo sumo) donde esté presente el trabajador social del Ayuntamiento y personal sanitario del CSIR y en el que se valorará el estado de salud de la persona. “No es ciencia aeroespacial, es solo definir qué grado de dependencia tiene”, ironiza Del Castillo. No solo se visitará al paciente, también el lugar donde vive. “No es lo mismo vivir en un cuarto piso sin ascensor que hacerlo en una planta baja”.
Del Castillo afirma que el proceso actual es insostenible, por exceso de burocracia. “Tienes que realizar varias acciones en una web, algo que es muy complejo para las personas mayores, luego ir de un sitio a otro… Y todo se va alargando. Quien tiene que hacer circular la información es la Administración, y no pretender que los ciudadanos hagan de valija”, arguye.
Asegura que lo que pretenden hacer no es simplificar el proceso, sino eliminarlo. Y todo para recuperar lo que define como el propósito. “¿Por qué estamos aquí? Para prestar una ayuda a una persona que tiene una necesidad. El procedimiento burocrático es un instrumento, pero no el objetivo”.
El presidente de Cairos subraya el gran número de ciudadanos que se podrán ver beneficiados instaurando este nuevo itinerario. Sobre todo, personas mayores con patologías crónicas que –defiende– no pueden esperar un año a tener una valoración.
El procedimiento burocrático es un instrumento, pero no el objetivo”
Los datos muestran que son muchas las que han perecido mientras esperaban. En Catalunya, desde el 2007 (año en que entró en vigor la Ley de Dependencia), 103.000 personas fallecieron mientras esperaban el reconocimiento del grado de dependencia o la prestación correspondiente. El año pasado, 9.500.
En cuatro de los 27 centros CSIR que hay en Catalunya se podrá en marcha esta prueba piloto en noviembre (los dos de Castelldefels y los otros dos de Vic). “Es un cambio muy disruptivo y no podemos instaurarlo de golpe en todas las poblaciones”, justifica Del Castillo.
Espera que en el primer trimestre del 2026 estos cuatro centros realicen ya el proceso de valoración en dos meses como mucho. “Si va bien, lo escalaremos. Y si no, corregiremos”, concluye.
“Así se defiende el estado del bienestar”
Del Castillo asegura que la Administración tiene el músculo para hacer este cambio. “No es un problema de recursos, como siempre ha dicho Cairos, sino de organización, que es muy burocrática y ha convertido un acto asistencial (una persona mayor que se ha convertido en dependiente porque tiene un problema de salud), en un acto burocrático”. Afirma que recuperar la calidad de los servicios públicos es la única manera de defender el estado del bienestar. “Si los ciudadanos ven que funciona, estarán dispuestos a mantener el consentimiento fiscal, es decir, pagar impuestos con la confianza de que recibirán unos servicios cuando los necesiten”.