Uno de los mayores asesinos en serie de España (y del mundo industrializado) es el amianto. Las fibras de este material, muy utilizado en el pasado en la construcción y en ciertas industrias, siguen estando presentes en un sinfín de edificios e infraestructuras. Algunos estudios sostienen que causa más de 70.000 muertes al año en Europa. Su implicación en las enfermedades laborales es también notabilísima.
El Europarlamento sostiene que el 78% de los cánceres laborales que se diagnostican en la UE están relacionados con el amianto o asbesto (del griego, incorruptible, inextinguible). “Aunque el amianto y otras enfermedades profesionales son los grandes asesinos invisibles en la sociedad española, los procedimientos de reconocimiento del origen profesional de estas dolencias son un auténtico viacrucis”, critican CC.OO. y UGT.
Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT), han denunciado en un acto público el ninguneo que sufren las víctimas del producto en España en comparación con los perjudicados de otros países europeos. Un dato así lo revela: los fondos que Francia destina a indemnizar a los enfermos “ascienden a 7.000 millones de euros, mientras que en nuestro país no superan los 25”.
Jon García Arruabarrena trabajó muchos años en la fábrica Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), en la localidad guipuzcoana de Beasain, que empleaba el amianto para los frenos de trenes. Un enemigo invisible hizo y hace aún estragos entre la plantilla, como atestigua un monumento a la entrada de la factoría. Jon ha sido también uno de los mayores defensores del fondo de compensación para las víctimas.
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En 1984, cuando el peligro ya era un secreto a voces, el Gobierno empezó a poner vetos al amianto. Y así hasta el 2001, cuando por fin se prohibió, a pesar de que aún sigue entre nosotros; por ejemplo, en tejados, estructuras y cañerías de uralita o fibrocemento. Aunque ya se usaba en el siglo XIX con profusión en España, donde vivió su edad de oro entre 1960 y 1984, no hay mucha concienciación sobre las muertes que ha causado.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, unas 4.582 personas (el 92%, hombres) fallecen cada año por este motivo. Las cifras podrían ser incluso superiores, alertan los expertos. Los perjuicios del amianto son indudables. Es el causante, por ejemplo, de asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma pleural (cuando las células cancerosas invaden la pleura, la membrana que rodea los pulmones).
Claveles en recuerdo de las últimas víctimas del amianto de CAF
Se trata de dolencias, aseguran CC.OO. y UGT, “que pueden tardar muchos años en manifestarse”. Esta latencia, agregan, ocasiona que no siempre sean reconocidas “como enfermedades profesionales, al margen de que ese sea casi siempre su origen”. Las ayudas han llegado a España tarde y mal, añade Jon García Arruabarrena, de 71 años, portavoz de Fedavica (Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto).
Este activista trabajó muchos años en la fábrica Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que empleaba el amianto para el sistema de frenado de los trenes. Un enemigo invisible hizo y hace estragos entre la plantilla, como atestigua un monumento a la entrada de la factoría, en la localidad guipuzcoana de Beasain. Jon es también uno de los mayores defensores e impulsores del fondo de compensación para las víctimas.
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Pero el fondo tardó años en ver la luz y no se hizo realidad hasta el 2022, aunque se quedó en papel mojado. La ley que lo aprobó estaba pendiente de un reglamento que en teoría debería haberse desarrollado en los meses siguientes y que tardó nada menos que tres años en llegar. Ha sido una espera larga e infructuosa, coinciden en denunciar las asociaciones de afectados y los sindicatos, que pedirán un nuevo reglamento.
¿Por qué? Porque, además de prever indemnizaciones ridículas, inferiores a las que se pueden obtener por vía judicial, el fondo no incluye compensaciones “para todos los afectados”, denuncian CC.OO., UGT y Fedavica. La asbestosis es una enfermedad laboral, pero no exclusivamente laboral. Los vecinos de las fábricas, por ejemplo, la pueden haber contraído, aunque no trabajasen allí. Son “afectados medioambientales”.
Trabajadores de CAF despiden a una víctima de amianto
El fondo también deja sin resarcir a los herederos de los fallecidos, muchos de los cuales murieron durante la inacabable gestación de la ley. Su aprobación, dicen los sindicalistas Unai Sordo y Pepe Álvarez, fue “un hito histórico y un acto de justicia, pero también una reparación tardía y con ayudas insuficientes y parciales para hacer frente a un drama soterrado que ha afectado a decenas de miles de trabajadores en España”.
Y no solo a trabajadores... En el 2021, a raíz de una demanda planteada a través del Colectivo Ronda por 39 vecinos de Cerdanyola del Vallès, el Supremo reconoció que también podían resultar perjudicados quienes vivían en las cercanías de las industrias donde se fabricaba o se utilizaba este material. De momento, el fondo no incluye a estas personas, a quienes no les queda otra que apelar a la justicia, como aquellos vecinos.
