El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe definitivo sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondientes al año 2024. Según los datos recopilados, se practicaron 106.172 interrupciones, un 2,98% más que el año anterior, una tendencia al alza observada especialmente en Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana. Así, la tasa de IVE por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años aumentó hasta situarse en 12,36 frente al 12,22 registrado en el ejercicio anterior.
Del total de IVE registradas en 2024, el 78,74% se realizaron en centros privados (concertados o no), y el 21,25% en centros públicos. No obstante, el 72,73% de las mujeres fueron informadas en centros sanitarios públicos.
Catalunya se mantiene como la comunidad que registró más abortos: 14,89 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Es el séptimo año consecutivo que lidera un ranking estatal que sitúa en segundo lugar a las Islas Baleares (13,87), seguidas de la Comunidad de Madrid (13,56), Asturias (12,89) y la Región de Murcia (12,66). Las cifras más bajas corresponden a Ceuta y Melilla (4,65) y Aragón (8,15). El informe del Ministerio también destaca un mayor incremento de la tasa de incidencia en mujeres no residentes.
El mayor incremento de la tasa de incidencia se registra en el grupo de 35 a 39 años
Por grupos de edad, se observa un aumento de la tasa de IVE en casi todos, excepto en los de 20 a 24 años y 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia —número de IVE por cada 1.000 mujeres en cada franja— se registra en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).
En el caso de las menores de 20 años también se detecta un cambio destacado: se contabilizaron 11.699 interrupciones en 2024, frente a las 10.934 de 2023, lo que supone 765 casos más (+6,99%).
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La distribución porcentual por edad indica que el 10,68% de las IVE correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27% al de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, 13,9 al de 40 a 44 años.
“El motivo principal de la interrupción fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos. El 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o la salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida”.
El 76,6% se llevaron a cabo antes de la octava semana de gestación
En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. En cuanto a la recurrencia, el 67,6% de las mujeres no habían tenido abortos voluntarios anteriores, frente al 66,99% en 2023.
Según los datos recogidos, el 7,71% de las mujeres vivía sola (con o sin hijos), el 28,92% convivían en pareja, el 7,04% residían con sus padres u otros familiares y el 1,31% con otras personas. En relación con la situación laboral, el 57,98% de las mujeres eran trabajadoras asalariadas, el 17,09% estaban en paro, otro 17,09% eran estudiantes, el 5,41% trabajaban por cuenta propia y el 0,34% eran pensionistas.
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Otro dato que destaca el Ministerio es el peso de los centros privados en la realización de interrupciones del embarazo. Del total de 2024, el 81,91% se llevaron a cabo en centros privados o concertados, mientras que el 18,09% se realizaron en centros públicos. Sin embargo, el 72,73% de las mujeres fueron informadas en centros sanitarios públicos. En Cataluña, la situación es distinta: el 55,67% de los abortos se practicaron en centros públicos y el 44,32% en privados.
En cuanto al método empleado, el informe apunta que los métodos farmacológicos tuvieron un mayor peso en la red pública, con 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 registradas en los centros privados. Por el contrario, en los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico.
El estudio refleja también que el 49,14% de las mujeres intervenidas no utilizaban métodos anticonceptivos en el momento de la concepción. “Este dato señala la necesidad de reforzar las políticas públicas de educación afectivosexual y de garantizar la accesibilidad a los diferentes métodos de anticoncepción, como estrategia clave para la prevención de embarazos no deseados”, reconoce el Gobierno español.