Como anunció el presidente del Gobierno hace dos semanas, el Ministerio de Educación y FP ha redactado un borrador de anteproyecto de ley por el que propone rebajar la ratio de alumnos por aula de los 25 actuales a 22 alumnos y en la ESO de 30 a 25 estudiantes.
También recoge el planteamiento sindical de que el alumnado con discapacidad o situación socioeconómica y cultural vulnerable cuente por dos y que en centros de alta complejidad se corrija a la baja el número de niños por aula.
Este documento se lo ha mostrado hoy a los principales sindicatos de enseñanza reunidos para avanzar en la reforma del profesorado que lo han visto como un “avance muy positivo”. “Es un avance que se incluya una norma de máximos para toda España. Fue un recorte unilateral en el 2012 y es positivo ahora que se vuelva a la línea de salida”, ha señalado La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
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En el borrador se contempla la reducción del número máximo de horas de clase de los docentes: 18 horas en los centros educativos de secundaria y 23 en los colegios de infantil y primaria. El Gobierno quiere que esta medida entre en vigor en el próximo curso por lo que apremia a los agentes a firmar un acuerdo para llevar el proyecto de ley al Congreso donde deberá ser aprobado.
La reducción empezaría en infantil y primaria en septiembre de 2027, en ESO en 2028 y en bachillerato en el 2029
Según el borrador, la aplicación de la reducción de ratios será gradual y progresiva. De modo que infantil y primaria estarán en estos ratios en el curso 2027-2028. En la ESO en el siguiente curso y en bachillerato, en 2029-2030. Se iniciará en los primeros cursos, pero el objetivo es que en 2031 todas las clases estén ya reducidas. Eso es posible en todas las etapas educativas salvo en primaria.
Respecto a la definición de alumnos con necesidades especiales se incluyen los alumnos con discapacidad, TEA, trastornos de lenguaje (dislexias, TDAH, discalculia), trastornos de aprendizaje, desconocimiento de la lengua, desventaja socioeducativa u otras dificultades específicas que obstaculizan el proceso de aprendizaje.
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En la primera reunión con los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG celebrada a finales de septiembre, el ministerio presentó un anteproyecto de ley con el que planteaba reducir por ley la ratio en aulas con alumnado con necesidades especiales y en centros docentes situados en zonas de complejidad social.
Se incluye también una reivindicación de CSIF: que se distribuyan los alumnos con necesidades educativas especiales entre todos los centros y no se produzca la actual concentración de estos en los centros públicos tal y como se realiza en Catalunya, tras el pacto contra la segregación firmado por todos los agentes educativos.
