“Parece que estuviéramos en la edad media”. Así resumen los docentes que denunciaron hace un año y medio las reiteradas malas prácticas en el centro de educación especial Ventijol de Blanes, la situación que vivían a diario los menores con autismo severo. Ante la gravedad de los hechos, la oficina Antifrau ha ofrecido el estatus de alertadores protegidos a los denunciantes, mientras que el Departament d’Ensenyamente ha abierto un expediente informativo.
Los denunciantes relatan situaciones inusuales en un espacio de estas características, tales como “torceduras de dedos, agresiones verbales y físicas, tirones de orejas y bofetadas” por parte del personal del centro público al que estaban adscritas las personas que han optado por acabar desvelando públicamente.
Atados sin autorización de las familias
Este tipo de prácticas, detallan que se producían especialmente en el comedor, donde los castigos violentos se sucedían para que los menores, casi todos con un grado de autismo severo y “pluridiscapacidad intelectual”, que no pueden hablar, también por parte de las monitoras.
Relatan los docentes que, durante su etapa en el centro especial, intentaron modificar los métodos pero “no les gustan las nuevas metodologías” y acabaron por elevar el caso a instancias superiores y ponerlo en conocimiento de su delegado sindical.
Precisamente, fuentes sindicales corroboran las versiones de los denunciantes y desvelan que una práctica habitual del centro era atar a los niños en las sillas con pañuelos, telas, correas e incluso cordeles “sin autorización de las familias”. En algunas fotos en la página web, antes de que fueran retiradas tras las denuncias, se podía observar esta práctica. Esta forma de contención, para los menores autistas, según los expertos es inapropiada: “estos niños, la mayoría entre ocho y diez años, a nivel sensorial necesitan movimiento para autorregularse”.
La escuela Ventijol está en un paraje forestal de Blanes .
La filosofía del centro, según las denuncias, es imponer la “acción-reaccion” como en algunas escuelas del siglo pasado donde la violencia era habitual. Describen situaciones como “abrirles la boca a la fuerza para introducirles la comida que no querían” lo que convertía el espacio del comedor en “un caos brutal”. Además, se utilizaban métodos de presión en los puntos de dolor, que les habían enseñado los Mossos en alguna charla pero no para contener a los menores “sino para lastimar con alevosía”.
Fuentes del sindicato, que ha dado amparo y credibilidad a los denunciantes, también detallan que “si un niño se lesionaba en alguna de las actividades, estaba prohibido informar a los padres”. Los familiares, no tienen contacto con los docentes porque “los niños vienen y se marchan en autobús” y la forma de comunicarse es a través de una aplicación electrónica, en la que tampoco se informaba todos los días.
“¡Deja de hacer este ruido, pareces imbécil!” cuenta que le gritaba una monitora de comedor a un menor, mientras le propinaba fuertes golpes en la boca. Una escena que colmó el vaso que acabó propiciando la denuncia de los hechos. Aseguran que este tipo de coacciones violentas, eran prácticas habituales de las monitoras del comedor. “No pude más, un niño con mucha tolerancia al dolor, salió llorando”.
Los mossos enseñaron los puntos de presión pero no para lastimar, sino para contención
Según las mismas fuentes, los intentos de reprobar estas agresiones ante la dirección del centro fueron infructuosos, “te tomaban por loco” señalan. “Si discrepabas te hacían el vacío”. Ante la mala experiencia con la dirección del centro, decidieron notificar los hechos a la inspectora del centro, pero la experiencia no fue mucho mejor, ya que inicialmente no reaccionó debidamente, como explican desde el sindicato.
Llegaron a contactar con un departamento especial de apoyo a la violencia (USAV) pero no les asistieron porque su competencia se limita a las agresiones a profesores y no a la inversa, “no habían recibido nunca un caso así”. La Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) tampoco les asistió al no considerarse competente si no se trataba de una caso de violencia en el ámbito familiar y les aconsejaron insistir en la inspección d’Educació. Finalmente, se denunciaron los hechos a la jefatura de inspección en Girona, que activó el procedimiento e instó a la inspectora que inicialmente les había ignorado, a actuar.
Por parte del Síndic de Greuges de Catalunya, confirman que han accedido al caso y que “estamos trabajando en ello”. Detallan que la persona interesada está informada de todos los pasos realizados hasta ahora. Además, el Departament d'Educació les ha abierto un expediente informativo que “creemos aún no está cerrado”. Por su parte, la síndica asegura que “haremos un seguimiento exhaustivo”.
Acceso a la escuela Ventijol de Blanes
Ante la gravedad de las hechos descritos, el Departament d’Educació ha abierto un expediente informativo sobre “las presuntas actuaciones denunciadas por docentes” y reconoce que la primera inspección “recogió versiones contradictorias sobre los hechos”, por lo que no se puede demostrar ninguna de las conductas denunciadas. Admiten, pese a todo, que se han detectado “elementos de mejora en la gestión del centro” ha propuesto medidas al respecto y verifica periódicamente que sean implementadas. Aún así, el caso “no está cerrado”.
El Ayuntamiento de Blanes, tampoco tenía noticia de las denuncias y se declara consternado y que seguirá de cerca la evolución del caso. Por su parte, la dirección del centro ha declinado hacer declaraciones y, después de varias llamadas a la escuela, a través de un correo electrónico, instando a elevar la petición de información a instancias superiores, como los Serveis Territorials de la zona de Girona.
La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en paralelo, no sólo ha abierto una investigación, aún no siendo un caso de corrupción de su competencia, al detectar posibles hechos penales que, de corroborar, elevaría a otras instancias, como la Fiscalía. En Antifrau, en este caso aplican lo que se conoce como la carga de la prueba, en la que el acusado debe demostrar su inocencia. Y, conscientes de la gravedad de los hechos, han protegido a los denunciantes con el estatus de alertadores, ante la posibilidad de que fueran represaliados. La OAC separa las denuncias de la propia inspección para evitar ingerencias y asegurar la protección de los alertadores
