El centro educativo Camí del Cros de Mataró retirará temporalmente el plan anti acoso denunciado por un grupo de familias a los servicios educativos territoriales. Este plan consistía en aislar a los niños con mal comportamiento. A consecuencia de ello, algunos alumnos de infantil y primaria dejaban de relacionarse con sus compañeros durante periodos largos, según los padres que, tras pedir una revisión del plan, llevaron la denuncia a la inspección educativa. En la denuncia se añadía un exceso de dogmatismo por parte de la dirección con este modelo con el que los padres, unos 104 que representan al 37% del total, no estaban de acuerdo.
La resolución de la Inspección de Educación del Maresme-Vallés Oriental sostiene que se habían producido “algunas dificultades” en la aplicación del plan anti acoso denominado Club de los Valientes, pero que la dirección ha decidido suspenderlo temporalmente “como medida de prudencia pedagógica” lo que “demuestra diligencia, transparencia y voluntad de mejora continua”, apostilla el informe.
La inspección cree que la suspensión de este plan “demuestra diligencia, transparencia y voluntad de mejora continua”
Este es el único punto, de una decena, en el que la inspección da carta de naturaleza al conflicto de las familias que piden reconsiderar el modelo de escuela. En el resto, la inspección no entra a valorar y apoya el modelo de aprendizaje. Afirma que “el proyecto ‘el Club de los Valientes’ se integra dentro de un modelo dialógico de convivencia del centro”, alineado con el decreto de autonomía del centro, es decir, la libertad del centro en elegir metodologías educativas.
Este proyecto se enmarca en las comunidades de aprendizaje del grupo CREA, fundado por el ex catedrático Ramón Flecha, investigado por coerción sexual y abuso de poder por la UB.
Estas comunidades siguen “el modelo de aprendizaje dialógico reconocido por el ministerio y promovido por la dirección general de atención a la familia”, según el informe. “La participación del centro en programes estatales e internacionales de investigación pedagógica evidencia su solvencia como modelo de buenas prácticas educativas”.
A pesar de estas afirmaciones y de que la metodología se basa en el diálogo para resolver los conflictos, el centro no ha avanzado en persuadir al tercio de familias del centro que desde hace un año piden revisar su pertenencia a la comunidad de aprendizaje.
Los padres lamentan, en todo caso, que la inspección no les diera la oportunidad de expresarse en una reunión presencial en la que hubieran podido aportar pruebas de sus quejas. De hecho, la inspección les devuelve a la casilla de salida al recomendarles que canalicen sus inquietudes a través de los órganos de participación escolar. No obstante, estas familias ven ese camino agotado y afirman que recurrirán a otras instancias para ser escuchadas.
Los padres de los alumnos del centro mostraban su preocupación el posicionamiento público del director en las redes sociales en defensa de la figura de Ramon Flecha. Aducían que la utilización de cargo y nombre de la escuela era inadecuado y no les representaba como comunidad educativa.
Al respecto, la inspección manifiesta que “las opiniones o manifestaciones públicas de la dirección o de miembros de la comunidad educativa en redes sociales están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión”, sin que puedan ser objeto de sanción mientras no vulneren la normativa vigente o derechos de terceros. La resolución está firmada por Neus Bulbena, ex alcaldesa socialista de la Garriga.
En Catalunya hay unos 40 centros que siguen este modelo. El Departament d'Educació ha anunciado que revisará la financiación de la formación de los profesores de estas comunidades para reservar los recursos para los objetivos estratégicos del Govern (matemáticas y comprensión lectora).
