La dirección de la escuela de Mataró retira el plan “anti-bullying” denunciado por las familias

Tras la inspección educativa

La inspección educativa indica en su resolución que la suspensión temporal es una “medida de prudencia pedagógica”, pero las familias quieren recurrir

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El plan anti acoso ahora retirado instaba a los niños a aislar a un compañero con mal comportamiento 

Mané Espinosa / Propias

La resolución de Inspección de educación del Maresme respecto al conflicto de la escuela Camí del Cros, de Mataró, cuyas familias habían denunciado al director por malas prácticas pedagógicas y dogmatismo, no parece que vaya a devolver la paz al centro. 

El informe de la inspección admite que se habían producido “algunas dificultades” en la aplicación del plan anti acoso denominado Club de los Valientes, pero que la dirección ha decidido suspenderlo temporalmente “como medida de prudencia pedagógica” lo que, a juicio de la inspección, “demuestra diligencia, transparencia y voluntad de mejora continua”, apostilla el informe. 

Este es el único punto, de una decena, en el que la inspección da carta de naturaleza a un conflicto que ha llevado a 104 familias, el 37% del centro, a presentar una queja ante los  Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental sobre prácticas abusivas e inadecuadas. Entre ellas estaba el plan de prevención del acoso escolar de infantil y primaria que insta a los niños a aislar a un compañero con un mal comportamiento lo que repercute, según las familias, en daño psicológico a los niños, algunos de los cuales se pasa más de medio curso sin poder relacionarse  con sus compañeros. 

Según la resolución, el modelo está reconocido por el ministerio y promovido por la dirección de familias de la Generalitat

La inspección afirma que “el proyecto 'el Club de los Valientes' se integra dentro de un modelo dialógico de convivencia del centro”, alineado con el decreto de autonomía de los centros y el del derecho y deberes del alumnado y la convivencia.

Según la resolución, este proyecto educativo está basado en “evidencias científicas” siguiendo “el modelo de aprendizaje dialógico reconocido por el ministerio y promovido por la dirección general de atención a la familia y comunidad educativa” de la Generalitat.  ”La participación del centro en programes estatales e internacionales de investigación pedagógica -continua el escrito- evidencia su solvencia como modelo de buenas prácticas educativas”.

A pesar de estas afirmaciones y de que la metodología se basa en el diálogo para resolver los conflictos, el centro no ha avanzado en persuadir al tercio de familias del centro que desde hace un año piden revisar su pertenencia a la comunidad de aprendizaje. Aseguran que también hay profesores que lo ponen en cuestión.

Las familias lamentan, en todo caso, que la inspección no les diera la oportunidad de expresarse en una reunión presencial en la que hubieran podido aportar pruebas de sus quejas. La inspección recomienda explícitamente que las familias canalicen sus inquietudes a través de los órganos de participación previstos legalmente (tutorías, comisiones mixtas, asambleas y Consell Escolar). No obstante, este grupo de familias ve ese camino agotado y se muestra dispuesto a recurrir a otras instancias para ser escuchado. 

La resolución no va firmada con nombres y apellidos. Tampoco aparece ninguna firma. En su lugar, se lee “Directora dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i Formació Professional” . En el caso del Maresme corresponde a la ex alcaldesa de la Garriga por el PSC, Neus Bulbena.

La comunidad de aprendizaje del Camí del Cros fue implementada hace ocho años por el grupo CREA, fundado por el catedrático Ramón Flecha, investigado por coerción sexual y abuso de poder por la Universitat de Barcelona. Los padres de los alumnos del centro mostraban su preocupación  el posicionamiento público del director en las redes sociales en defensa de la figura de Ramon Flecha. Aducían que la  utilización de cargo y nombre de la escuela era inadecuado y no les representaba como comunidad educativa.

Al respecto, la inspección manifiesta que “las  opiniones o manifestaciones públicas de la dirección o de miembros de la comunidad educativa en redes sociales están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión”, sin que puedan ser objeto de sanción mientras no vulneren la normativa vigente o derechos de terceros.

En Catalunya hay unos 40 centros que siguen este modelo. El Departament d'Educació ha anunciado que revisará la financiación de la formación de los profesores de estas comunidades para reservar los recursos para los objetivos estratégicos del Govern (matemáticas y comprensión lectora).

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