La comisión asesora del plan de reparación integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva) –herramienta independiente para reparar abusos prescritos en la justicia ordinaria– ha estudiado desde su puesta en marcha 101 casos, “de los cuales 58 están resueltos y 11 lo serán próximamente, pues han requerido un suplemento de información”. Así lo indicó ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, tras la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos.
La citada comisión informó a Servimedia que, a fecha de 13 de noviembre (con 51 casos resueltos entonces), el importe total de la reparación propuesta (solo lo relativo a la cuantía económica), ascendía a 1.562.880 euros.
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Asimismo, la CEE ha aceptado la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se propone que aquellas que no han querido acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo. Una vez aceptado “ese marco general de referencia”, planteado por el Ejecutivo, ahora la Comisión Ejecutiva continúa con la negociación, señaló García Magán.
“Es una negociación que está abierta, que está caminando, que va avanzando, que tiene un buen avance donde está el Gobierno y también, indirectamente, el Defensor del Pueblo. Estamos trabajando en ello y ahora seguiremos concretando y negociando”, añadió.
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La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.
Priva está conformado por un grupo de profesionales independientes del mundo jurídico, terapéutico, clínico y restaurativo que tienen como misión estudiar los casos presentados y elaborar un dictamen de las medidas de restauración (físicas, psicológicas, económicas) que la entidad eclesial correspondiente debe satisfacer al solicitante.
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García Magán también confirmó que en la asamblea no participaron cinco obispos diocesanos, entre ellos el de Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza, que está siendo investigado por la Santa Sede por los presuntos abusos que habría cometido en los años 90 del pasado siglo, cuando era responsable del seminario de la Diócesis de Getafe.
Precisamente, el papa León se pronunció el martes pasado sobre el caso Zornoza, y recordó que “hay una serie de protocolos que están claramente establecidos”, que el prelado “insiste sobre su inocencia”, aunque se ha abierto una investigación. “Hay que permitir que vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, dijo Prevost a la prensa a la salida de la residencia papal en Castel Gandolfo.
Abusos prescritos
León XIV también indicó que espera que las víctimas de abusos eclesiales “encuentren siempre un lugar seguro donde puedan presentar sus casos” y subrayó la “importancia de respetar siempre los procesos”, que “requieren tiempo” y seguir unos “pasos” que marca la Justicia, en este caso de la Iglesia”, pues los presuntos abusos que se le atribuyen al obispo estarían prescritos para la Justicia civil.
A la espera de la decisión vaticana, la CEE ha reiterado que el proceso parte de la premisa del derecho de las víctimas a denunciar su caso y también de la presunción de inocencia del acusado.