“Me enteré de la compensación por un correo electrónico. A las 24 o 48 horas me hicieron el ingreso bancario. Y ahí se acabó todo. Nadie se ha vuelto a poner en contacto conmigo para saber cómo estoy”, explica una de las víctimas de la pederastia en la Iglesia que ya ha sido atendida . Varias diócesis, incluidas las de Barcelona y Bilbao, llevan semanas indemnizando por abusos que en algunos casos se cometieron hace más de 60 años.
Otros afectados localizados por La Vanguardia critican la opacidad y poca agilidad del proceso. Para recibir las indemnizaciones algunos explicaron “hasta cuatro veces” las sevicias que vivieron cuando eran menores. Estas fuentes, que piden el anonimato porque se comprometieron por escrito a no revelar las interioridades del acuerdo, han entregado a este diario copias de las cláusulas de confidencialidad que firmaron.
La Iglesia quiere reparar los abusos
“Por respeto a las víctimas y para rehuir controversias no vamos a dar cifras ni a confirmar o desmentir ningún otro extremo”, declara un portavoz del Arzobispado. Parecidos argumentos esgrime la Conferencia Episcopal Española, que se remite a la asamblea plenaria del 9 de julio del 2024, en la que 70 obispos aprobaron “el plan de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales”.
El documento suscrito entonces hacía hincapié en las situaciones en las que ya no es posible acudir a la justicia, es decir, la mayoría, “ya sea por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del victimario”. Todos los perjudicados, también estos, “deben ser atendidos, acogidos y reparados de manera integral”. Las indemnizaciones más recientes, como adelantó en su día el diario Ara , son precisamente por hechos prescritos.
El Patronato de la MujerOrtigas en la vulva
La Conferencia Española de Religiosos (Confer) pidió perdón anteayer en nombre de la Iglesia “a las supervivientes del Patronato de la Mujer”. “Necesitamos justicia, no condescendencia”, gritaron las afectadas en la sala de la Fundación Pablo VI, de Madrid, donde se celebró el acto, al que acudió la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El Patronato fue una herramienta de la dictadura franquista, que firmó convenios con cinco congregaciones religiosas y que dependió del Ministerio de Justicia desde 1941 hasta 1985. “Su propósito oficial era la protección y educación de mujeres en riesgo moral”, dice la Confer.
En la práctica fue un reformatorio para menores, jóvenes y adultas que no habían hecho nada. El “riesgo moral”, replican las víctimas. encubría en realidad cualquier disidencia con el papel que el franquismo reservaba a las mujeres. Tener novio, vestir minifalda, fumar, ir a manifestaciones o discutir con padres autoritarios podía ser motivo de ingreso en estas cárceles femeninas, donde imperaban “las vejaciones, la explotación laboral y el adoctrinamiento extremo, con celdas de castigo y ortigas en la vulva para las que se orinaban en la cama”.
La asamblea plenaria de los obispos también se conjuró para impulsar “una acción coordinada, de manera que las medidas adoptadas resulten similares y que la diversidad institucional no redunde en perjuicio de los afectados”. Pero ni todas las diócesis ni todas las órdenes religiosas implicadas han seguido el mismo camino, por ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de las indemnizaciones o reclamar silencio a los perjudicados.
“Pregunté por qué me pedían tantas garantías de discreción antes de la indemnización y me respondieron que era por mi propio bien, para ‘protegerme’. Luego me dieron el dinero y no he vuelto a saber nada de ellos”, explica J., que de niño sufrió abusos en un colegio religioso. En los casos más extremos, como revelan pruebas en poder de esta redacción, se han firmado documentos disuasorios de más de una decena de folios.
Un baremo fija entre 5.000 y 15.000 euros, según sean delitos “leves, medios o graves”
Contra estos delitos es necesaria una actitud “pública y visible” (son palabras de la Conferencia Española de Religiosos). ¿Deben firmar cláusulas de confidencialidad las víctimas para las indemnizaciones? La Vanguardia ha formulado esta y otras preguntas relacionadas al Servicio de Atención a Víctimas de Abusos del Arzobispado de Barcelona, que ha declinado contestar, como casi todas las instituciones consultadas.
Uno de los documentos utilizados por varias congregaciones e institutos de vida consagrada repite en tres ocasiones que los reclamantes se comprometen a guardar reserva “total y absoluta”, antes incluso de saber si sus pretensiones serán aceptadas y qué cantidades les corresponderán. El texto, del año 2022, insiste en que “se prohíbe la difusión, por cualquier medio, de cualquier detalle relativo sobre el procedimiento”.
Presentación de un documental sobre la pederastia eclesial
La justificación para estos vetos dice ampararse en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Este organismo, con sede en Roma y creado por el papa Francisco, busca “proteger a menores y adultos vulnerables”. Así consta en sus normas, que recuerdan que esta protección “es de vital importancia”. Se trata de una institución autónoma, con personalidad jurídica pública y que asesora a la Santa Sede.
El punto 3 del artículo 6 del estatuto de la comisión establece que “sus miembros, el personal y colaboradores de los grupos de trabajo deben observar el secreto de oficio respecto a las noticias o informaciones de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus tareas y funciones”. Es la única referencia explícita a la confidencialidad y, como se ve, no hace alusión alguna a la extensión de esta obligatoriedad a las víctimas.
Quienes sufrieron los delitos han de comprometerse a no revelar detalles
Sin embargo, las cláusulas imponen a los reclamantes la aceptación por escrito del silencio como condición sine qua non “para iniciar la investigación”. De ese trabajo y de valorar cada denuncia se ocupa un órgano auditor, en teoría externo e independiente, aunque de facto designado por la Iglesia. No hay dos casos exactamente iguales, pero situaciones muy parecidas pueden dar lugar a compensaciones dispares.
Algunos denunciantes han obtenido sumas de varias decenas de miles de euros (“no revelaremos cifras”, insiste la Iglesia); otros, cantidades muy inferiores a las propuestas en las comisiones parlamentarias que han abordado la pederastia eclesial. Uno de los formularios para compensar “conductas ya prescritas legalmente” insiste en que, una vez firmado el documento, la decisión es “irrevocable”, “secreta” e “inapelable”.
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Quienes sufrieron “conductas inapropiadas de religiosos” se comprometen así a aceptar el dictamen, no recurrir a ninguna otra instancia y no airear el acuerdo. Este mismo formulario establece un baremo de 5.000, 10.000 y 15.000 euros, en función de la gravedad del delito: leve, media o alta. “Nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y reparar el daño causado”, dijo el papa Francisco. Agresiones que han obligado a años y años de terapia, aunque no hubiera habido penetración, se consideran de gravedad “media” y originan “reparaciones” de entre 8.000 y 10.000 euros, como acredita un entrevistado en este reportaje. “¿De qué le sirvió ese dinero?”. “De absolutamente nada”.
