El detenido por transmitir en directo ataques contra su pequeña aprovechaba los periodos de visitas para grabarse.
Corrupción de menores
La Policía sospecha que el progenitor, de 46 años y origen español, grababa el material para obtener créditos digitales, los cuales canjeaba posteriormente por regalos o notoriedad en una plataforma de emisiones en directo.
La Policía ha arrestado a un padre que difundía en vivo filmaciones de agresiones sexuales contra su hija.
Una comunicación anónima enviada al buzón digital que la Policía Nacional gestiona para recibir avisos sobre crímenes de pornografía infantil disparó las alertas a finales de noviembre del año previo. En dicha queja se notificaba que un progenitor publicitaba en una plataforma de transmisiones en vivo agresiones de carácter sexual contra su propia hija menor de edad. La instantánea empleada para captar clientes atraídos por esta clase de material era aterradora: el varón, acostado en una cama con la pequeña, proponía observar los ultrajes en vivo. Cuando los usuarios abonaban el dinero, el sujeto facilitaba el ingreso a los directos donde perpetraba las agresiones. Él ha sido detenido. Ahora resta localizar a los otros.
Las indagaciones iniciales fueron realizadas por la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Catalunya, no obstante, debido a la premura por localizar a la joven, el caso fue asumido por la unidad central de ciberdelincuencia, la cual capturó al responsable escasas dos semanas después. La detención se produjo en el distrito de Tetuán, situado en la parte noroccidental de la ciudad de Madrid. “Fue un momento complicado porque en el momento de la detención es cuando la familia descubrió que la niña estaba siendo agredida”, rememora mediante llamada telefónica Óscar, subinspector responsable de las pesquisas, que han logrado esclarecer los pormenores del suceso.
Las incógnitas
No se sabe cuánto tiempo ha maltratado a la pequeña porque el rastro complejo de los 'lives'
El arrestado, de origen español, cuenta con 46 años de edad. Posee registros policiales previos, aunque por infracciones ajenas a la libertad sexual. Se encontraba divorciado de la progenitora de la pequeña, de apenas siete años, quien es su hija única. De acuerdo con informantes de la Policía, el atacante sexual utilizaba el régimen de custodia compartida para llevar a cabo las agresiones. Actualmente, se ignora el periodo durante el cual estuvo violentando a la menor, ya que las transmisiones en vivo dejan una huella muy fugaz y difícil de rastrear. Conforme a la Policía, el empleo de emisiones en directo no resulta frecuente en España para esta clase de crímenes.
La Policía ha verificado, por medio del informante anónimo que colaboró decididamente en las pesquisas, que utilizaba una herramienta digital previa, ignorada hasta entonces por los agentes, para difundir las grabaciones de agresiones hacia su hija. Al inspeccionar la residencia, los agentes decomisaron dos dispositivos móviles con abundante material de índole pornográfica. En ese conjunto figuraba la captura empleada como enganche. Esa misma imagen impulsó al denunciante a enviar un correo, recurso que resultó determinante ([email protected]). Esta vía de contacto acumuló más de 5.000 comunicaciones a lo largo de los años 2024 y 2025.
La investigación continúa
La Policía rastrea en este momento a los observadores que costearon el acceso a las vejaciones contra la pequeña.
Aquellos usuarios con voluntad de pago hacían uso de tarjetas de crédito, que el arrestado lograba transformar en divisas virtuales o tokens. Igualmente, se han podido verificar ciertos abonos directos. “El fin era económico”, manifiesta el subinspector. Posteriormente empleaba los beneficios para adquirir obsequios en la herramienta de transmisiones, optimizar su relevancia en el propio servicio o por efectivo real. La Policía sospecha que no alcanzó a permutar más de 1.000 euros.
El mando de la policía afirma que esta clase de servicios de livestreaming acostumbran a cooperar al enterarse de un suceso criminal de tal naturaleza —si bien en esta ocasión no ocurrió así debido a que las pesquisas policiales se adelantaron—, no obstante, admiten que resulta inviable clausurarlas dado que operan bajo la legalidad.
El detenido está acusado de un presunto delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual. El instructor del caso decretó su inmediato ingreso en prisión provisional sin fianza.