Perú cierra las dependencias de la fiscalía que investigaban los abusos hacia niños indígenas.
Falta de presupuesto
A lo largo del 2024 se revelaron cientos de casos de violencia sexual hacia menores de las comunidades awajún y wampis, hechos que supuestamente fueron perpetrados por docentes en el interior de centros escolares.
Protesta en Lima durante 2022 exigiendo prisión vitalicia para el agresor de un infante.
La Fiscalía de Perú clausuró, por la carencia de fondos económicos, diversos despachos destinados a investigar agresiones sexuales en la selvática provincia de Condorcanqui, colindante con Ecuador, donde se reportaron impactantes sucesos contra estudiantes, conforme a lo ratificado este lunes por el Ministerio Público.
Durante los últimos días, diversas plataformas informativas resaltaron que la Junta de Fiscales Supremos dispuso clausurar despachos del ministerio público y oficinas de medicina legal en Condorcanqui, donde a lo largo de 2024 se revelaron cientos de ultrajes sexuales contra menores de las comunidades awajún y wampis, muchos de los cuales habrían sido realizados por docentes en instituciones educativas.
“Las medidas adoptadas por la Junta de Fiscales Supremos, entre ellas, el cese de las labores de una parte del personal que prestaba servicios en las fiscalías y unidades médico legales implementadas de manera temporal, se sustentan en las disposiciones legales y en la disponibilidad presupuestal vigente”, señaló el Ministerio Público frente a la controversia.
Fiscalías y unidades se establecieron mediante un decreto de urgencia publicado en mayo de 2025, el cual expiró el 31 de diciembre
Explicó que la determinación se debe a que tales fiscalías y dependencias se establecieron mediante un decreto de urgencia publicado el 9 de mayo de 2025, el cual expiró el 31 de diciembre de ese mismo periodo, y hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha otorgado una partida económica adicional para la operatividad de los mencionados locales. Debido a que no se contempló el financiamiento necesario para prolongar las labores especializadas “se efectuó el cese de dicha medida extraordinaria”.
Añadió que, pese a la determinación, “se ha procurado no afectar la prestación de los servicios fiscales para los ciudadanos de dicha zona, mientras se continúa realizando las gestiones correspondientes para contar con los recursos necesarios que permitan fortalecer el subsistema en la zona”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) indicó que este procedimiento “profundiza la exclusión histórica” y resulta “inaceptable”. “Desactivar estas fiscalías deja sin protección a niñas indígenas y favorece la impunidad en un territorio con altísimos índices de violencia”, afirmó.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiesta que esta clausura “deja sin protección a niñas indígenas”
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables difundió un pronunciamiento donde afirmó que el Programa Nacional Warmi Ñan viene potenciando las prestaciones de cuidado global, las labores de prevención y el seguimiento a las personas afectadas, bajo una perspectiva de interculturalidad y consideración a las garantías de las comunidades awajún y wampis.
“En la actualidad, el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui ha ampliado la atención a 24 horas, los 7 días de la semana. También contamos con intérpretes y un mayor número de profesionales para una atención oportuna”, añadió el ministerio.
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De igual manera, después de conocerse la clausura de dependencias fiscales, el Poder Judicial confirmó “su firme compromiso para sancionar de manera ejemplar, y con todo el rigor de la ley, los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes awajún y wampis, en Condorcanqui”.
Añadió que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puso en funcionamiento en la zona diez órganos jurisdiccionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.