País más rico, ciudadanos más pobres

La riqueza que genera un país, el producto interior bruto o el valor a precio de mercado de los bienes y servicios producidos en un Estado durante un año, se reparte principalmente entre la remuneración y los servicios a los trabajadores -salarios y prestaciones- y la remuneración del capital -rentas que produce ese capital-. En los últimos 50 años se constata un incremento de la riqueza al mismo tiempo que un descenso significativo de la parte que revierte en los trabajadores, mientras aumenta la remuneración de las rentas del capital. 

En Estados Unidos estas cifras han pasado, entre los años 80 y la actualidad, de un 66% que representaban los salarios a un 52% del PIB. En Europa los salarios significan actualmente menos del 50% del PIB. Hoy las presidencias y direcciones generales de las grandes compañías están enfocadas en obtener retornos financieros rápidos y elevados para los accionistas -capital-, en detrimento del coste del “factor” mano de obra -salarios-. De ahí las reducciones de plantilla que rápidamente son “premiadas” en los mercados financieros con revalorizaciones de las acciones de las empresas.

Esta lógica, en detrimento de las personas, es la que, junto con otras cuestiones, limita las condiciones de vida de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, que lo viven con salarios insuficientes, lo que conlleva contribuciones a la Seguridad Social también insuficientes, poniendo en peligro el sistema público de pensiones. Si a ello sumamos otros factores como la inaccesibilidad a la vivienda, esto genera incluso consecuencias para el conjunto del sistema económico, debido a una insuficiente capacidad de adquisición de bienes y servicios por parte de las familias. 

Si unimos esta baja remuneración del trabajo al hecho de que el Estado se financia fundamentalmente a partir de impuestos al consumo y a las rentas del trabajo, con una baja fiscalidad a las sociedades y nula a la especulación financiera, resulta una financiación insuficiente del sector público que no puede garantizar los servicios sociales que se precisan.

Los gobiernos, ni siquiera cuando están administrados por partidos socialdemócratas, no consiguen compensar la avidez del sistema financiero con regulaciones laborales que garanticen remuneraciones equitativas del trabajo. Tampoco parecen tener capacidad para gravar las transacciones financieras, ni alcanzar acuerdos globales para fijar un mínimo en el impuesto sobre beneficios empresariales, ni facilitar el acceso a la vivienda liberando suelo, ni financiar suficientemente los servicios sociales, la sanidad y la educación. Y esto a las puertas de un ultraliberalismo que cede estos servicios a un mercado privado mercantil, ávido de extraer nuevos beneficios para el capital, como por ejemplo la sanidad en la Comunidad de Madrid.

Que el pueblo no tenga lo suficiente para comer y vivir ha acabado históricamente en revoluciones. Hoy esto es algo que a una ultraderecha neoliberal parece no importarle. Europa corre el riesgo de romper con el modelo social posterior a la II Guerra Mundial, incluso favoreciendo el beneficio económico de la industria del armamento. El dicho de que “la avaricia rompe el saco” debería hacer reflexionar si es que la dignidad de las personas ha dejado de importar.