Escudo social: proteger o abandonar
Mañana el Congreso no vota un trámite cualquiera: decide si el Estado cumple con sus compromisos esenciales y mantiene un escudo social que evita que miles de familias caigan por la rendija cuando los precios, los alquileres o una mala racha aprietan.
Tras la derogación del decreto aprobada en diciembre, el Gobierno actuó con responsabilidad y presentó un nuevo real decreto-ley de escudo social para garantizar la continuidad de las medidas de protección. En este escenario, optar por bloquear herramientas fundamentales para la mayoría social no debería ser una opción.
El decreto refuerza las principales medidas de protección social para 2026. Mantiene la prohibición de cortar luz, gas y agua a consumidores vulnerables, prorroga el bono social eléctrico con descuentos entre el 42,5% y el 57,5% y extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
El decreto extiende la suspensión de desahucios para familias vulnerables
Además, garantiza que todos los desahucios que estaban suspendidos a 27 de enero sigan estándolo sin necesidad de nuevos trámites. Si durante el breve periodo de limbo alguna factura eléctrica aplicó descuentos inferiores, las compañías deberán compensarlo. Es una cuestión de seguridad y certidumbre para quienes más lo necesitan. Estas medidas han demostrado su utilidad. El bono social eléctrico protege hoy a más de 1,7 millones de hogares en España. La moratoria antidesahucios ha evitado más de 58.000 expulsiones del hogar. Detrás de cada cifra hay dignidad para miles de familias.
El escudo incluye también ayudas para afectados por incendios forestales y por la dana, con exenciones fiscales y apoyo a la reconstrucción, así como incentivos a la eficiencia energética y la movilidad sostenible, y actualiza las entregas a cuenta para comunidades autónomas (más de 3.000 millones en suplementos de crédito) y entidades locales (cerca de 3.800 millones).
Asimismo, incluye el reconocimiento del riesgo profesional de agentes medioambientales y bomberos forestales permitiéndoles anticipar la jubilación. También amplía la compatibilidad entre pensión y ejercicio profesional para médicos de atención primaria y pediatras, reforzando así el sistema sanitario público. Mañana se decide si nuestro país consolida una red de seguridad que ha demostrado funcionar o si deja a gente a la intemperie. Porque la votación del escudo social va de escoger entre proteger o desproteger, entre el país que cuida o que abandona.
La buena política exige pensar siempre y en primer lugar en el interés general. Mañana PP y Junts deberían dejar a un lado la legítima voluntad de ejercer la oposición al Gobierno o cualquier cálculo en clave electoral.
Los ciudadanos, en política, siempre deben ser lo primero.