Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres posibles homicidios imprudentes

Un juzgado de Huesca ha inhabilitado cautelarmente a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de la ciudad investigado como presunto responsable de tres posibles homicidios imprudentes y otros 25 presuntos delitos de lesiones. La investigación determinará si ha habido negligencia o mala praxis en la actuación del facultativo.

Según ha informado hoy la gerente del Salud, Ana Castillo, la inhabilitación responde a una investigación interna que se inició el pasado marzo y que concluyó en julio con la apertura de un expediente disciplinario contra el profesional. Durante este tiempo, las actuaciones de este sanitario fueron supervisadas.

Tras incoarse este expediente y acordarse la suspensión de funciones, se formuló denuncia a la Fiscalía, que a su vez dio traslado al Juzgado de Instrucción, lo que motivó que se abriese una investigación policial.

Después de que el pasado 12 de noviembre se levantara el secreto de sumario que pesaba sobre las investigaciones, desde el Salud se ha optado por informar públicamente de esta situación y del procedimiento abierto, que ha llevado a la autoridad judicial a acordar una medida cautelar de inhabilitación que el propio tribunal instructor considera “proporcionada y necesaria”.

La situación de inhabilitación continuará hasta que la investigación judicial en curso termine y se dicte una sentencia firme contra el oncólogo, que no trabaja en ningún centro sanitario desde que fue suspendido a nivel interno. “Lamentamos profundamente estos hechos”, ha asegurado Castillo.

La gerente del Salud ha precisado que la actuación judicial responde a una denuncia interna y no de ninguno de los pacientes afectados, con los que el juzgado oscense ya se ha puesto en contacto para ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa como perjudicados.

“Nuestra mayor preocupación ha sido investigar con rapidez el informe que nos llegó desde la Gerencia del Salud de Huesca, dando prioridad a la atención de los pacientes y estableciendo contacto con sus familias”, ha añadido la responsable sanitaria, quien ha informado de la puesta en marcha de un equipo de atención para los afectados a través del juzgado. Se trata de un “caso lamentable, excepcional y de máximo interés público”, ha añadido.

Al estar bajo investigación judicial, desde el Salud no se han aportado datos clínicos sobre las posibles víctimas, pero sí han adelantado que se detectaron prácticas que pudieron dar lugar a “algún tipo de lesión” que pudiese perjudicar a los pacientes. “Se ha tenido que mirar caso por caso, historia por historia, para ver la posible existencia de indicios de delito”.

Por el momento, a Sanidad no le constan más casos de los 28 que ya se han aportado judicialmente. “No tenemos indicios de otros posibles afectados derivados de la actuación de este profesional. Es el Juzgado el competente de determinar cuáles son los afectados y a quien le corresponde establecer el contacto con ellos”, ha subrayado Castillo.