El anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica dental de Alzira (Valencia) ha quedado este jueves en libertad con medidas cautelares. Así lo ha acordado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, después de que el hombre fuera detenido el miércoles por homicidio imprudente y pasara 24 horas después a disposición judicial.
La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el representante del ministerio público, debido a que no ha apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El investigado, además, tiene suficiente arraigo en España y eso también ha jugado a su favor.
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El hombre, que sedó tanto a la menor fallecida como a otra niña de 4 años que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta el martes en el hospital Clínico de València, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir del territorio nacional.
La otra implicada
La dueña de la clínica también está en libertad
La dueña de la clínica de Alzira también fue detenida, aunque quedó en libertad después de declarar ante los policías que investigan el caso. Ella, a diferencia del anestesista, no llegó a pasar a disposición judicial, aunque sigue implicada en la causa abierta por la muerte.
El anestesista seguirá siendo investigado en la causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de que la calificación de los hechos se modifique a medida que avance la investigación.
En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.
En este momento incipiente de la instrucción, entiende la instructora que no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.